El 31 de marzo de 2015 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, una norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con las críticas de la oposición por su carácter represivo, pues regula y amplía las facultades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy, diez años después, y pese a la promesa de Pedro Sánchez de derogarla “en cuanto llegara al Gobierno” —lo cual sucedió en 2018—, la polémica norma que limita derechos y libertades como los de manifestación y expresión sigue en vigor.
A pesar de que PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts son favorables a modificar la norma, las discrepancias sobre eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio o el rechazo de personas migrantes en la frontera, entre otros artículos, han impedido su reforma en dos ocasiones a lo largo de estos años. Sin embargo, el pasado mes de diciembre el Congreso dio luz verde a la tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana tras rechazar las enmiendas de PP y Vox, por lo que actualmente continúa su trámite parlamentario. La propuesta, que es similar a la presentada en la anterior legislatura, busca sustituir “progresivamente” las pelotas de goma por materiales menos agresivos y modificar la Ley de Extranjería para regular el sistema de solicitudes y peticiones de protección de asilo antes de comenzar el proceso de expulsión o devolución de personas migrantes que llegan de forma irregular a España.
Después de todos los obstáculos y discrepancias políticas, organizaciones como Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende, Greenpeace, Irídia, Legal Sol, No Somos Delito, Novact, CGT, Rights International Spain y Red Acoge piden que la reforma de la ley mordaza se concrete antes del décimo aniversario de su entrada en vigor, el próximo 1 de julio, y que el nuevo texto “cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos”. “Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización. No es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos”, han señalado las organizaciones.
“Este debe ser el último año en que esta ley se siga utilizando como una herramienta de represión, tal y como hemos podido documentar a lo largo de este tiempo. Es una vergüenza que durante diez años se haya mantenido y afianzado como una herramienta represiva en contra el tejido asociativo y que se haya utilizado también para limitar de manera injustificada nuestros derechos y libertades”, dice a Infobae España Cèlia Carbonell, integrante de Irídia-Centro de Defensa de Derechos Humanos, que destaca la importancia de que en este nuevo intento de reforma se consiga una ley que “ponga el foco en la verdadera seguridad del ejercicio de derechos y libertades y que no sea un elemento para obstaculizar expresiones en relación con el derecho a la protesta”.
Andalucía es la región que más sanciones acumula
Aunque la reforma de la ley en trámite parlamentario “presenta avances importantes”, las organizaciones de la sociedad civil consideran que “es totalmente insuficiente” en lo relativo a la garantía y a la protección de derechos y libertades en diferentes aspectos. Por eso consideran que “es necesario seguir haciendo presión para que sea lo más garantista posible”.
Según los datos recopilados por los colectivos a partir de los datos del Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la ley mordaza y hasta 2023, se han registrado más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, excluyendo aquellas vinculadas a drogas, armas y explosivos. Más del 76% de estas sanciones se han impuesto por desobediencia, resistencia o negativa a identificarse, como establece el artículo 36.6, y faltas de respeto a la autoridad, como recoge el artículo 37.4, dos disposiciones que han sido “criticadas tanto por la Comisaria de Derechos Humanos como por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa por su impacto negativo en el derecho a la protesta”.
Los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indican que en 2022 hubo un total de 227.080 sanciones por infracciones a esta ley, con las que se recaudaron 148 millones de euros, una cifra que ascendió en 2023 hasta las 284.512 sanciones y una cuantía de 174 millones de euros. En ese sentido, Andalucía es la comunidad autónoma más afectada por la ley mordaza, al acumular en 2023 un total de 102.759 multas que asciende a una cuantía de 62 millones de euros, seguida de Canarias, con 27.838 sanciones y 17 millones, la Comunidad de Madrid con 24.638 y 15 millones.
El grueso de la recaudación, a nivel estatal, está relacionado con las sanciones vinculadas a la tenencia de drogas, de forma que en 2023 las multas alcanzaron 130 millones de euros, el 74% del total, lo que supuso un aumento del 21% respecto a 2022. En el apartado relacionado con armas y explosivos, según los datos de Interior, se recaudaron 20 millones de euros y en el de seguridad ciudadana otros 23, también cantidades más elevadas que en el año anterior.
En aplicación del artículo 36.6, el que castiga la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, permitió recaudar 12,3 millones de euros relativos a 18.893 sanciones tramitadas, es decir, un 7% más con respecto a 2022.
Elementos que la reforma debe incluir, según los colectivos
La ley de seguridad ciudadana fue aprobada por el PP en solitario tras las protestas que se dieron en el marco del 15M contra los recortes a los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de la crisis económica de 2008, y con el objetivo de que “deje de ser una herramienta de represión”, las organizaciones exigen que la reforma contemple asuntos clave. Entre ellos, la prohibición expresa del perfilamiento racial en las identificaciones y registros policiales, de forma que se establezca el uso de formularios de parada “que recojan datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia”, así como la eliminación del rechazo en frontera de las personas migrantes, garantizando “el acceso a vías legales y seguras de protección internacional, asistencia letrada y evaluación individualizada de los casos”.
Los colectivos también reclaman “la modificación de las infracciones más lesivas para la protesta”, como los mencionados artículos 36.6 y 37.4, “evitando su interpretación arbitraria” por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y piden la supresión del artículo 36.23, que sanciona el uso de imágenes de los agentes durante sus intervenciones policiales, “limitando de esta forma la documentación de abusos y la libertad de información por parte de periodistas y ciudadanía”.
Por último, exigen una regulación transparente del uso de material antidisturbios, con la participación de expertos y la sociedad civil, “garantizando mecanismos de trazabilidad y control efectivo, así como de rendición de cuentas”.
