Los conductores que cometan infracciones graves en un país de la Unión Europea ya no podrán eludir sus sanciones simplemente cambiando de frontera. A partir de un acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros, la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir será válida en todo el territorio de la UE, incluso si el carné ha sido expedido en otro país distinto al de la infracción.
Hasta ahora, si un conductor perdía su carné en un Estado miembro distinto al que se lo había emitido, la sanción solo se aplicaba en el país donde se había producido la infracción. Esto permitía que, por ejemplo, un conductor al que se le retiraba el permiso en Bélgica o España pudiera seguir conduciendo legalmente en Francia, si su carné había sido expedido allí.
Con la nueva normativa, esa laguna legal queda eliminada. El país que imponga la sanción deberá notificarla a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER), y el país emisor del carné deberá aplicar una sanción equivalente. La medida afecta a infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, los excesos de velocidad o la implicación en accidentes que causen víctimas mortales o lesiones graves.
Un sistema común con garantías jurídicas
El nuevo marco legal no supone una aplicación automática e inmediata de las sanciones. La normativa incluye salvaguardas jurídicas para garantizar el respeto a los derechos del conductor. El país sancionador solo podrá emitir la notificación cuando se hayan agotado todas las vías de recurso disponibles. A partir de ese momento, el país emisor del permiso dispondrá de un plazo de 20 días para trasladar al conductor la sanción equivalente.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que el país emisor decida no aplicar la sanción si considera que no se han respetado los derechos del conductor durante el procedimiento sancionador. También se excluyen de esta armonización las sanciones de corta duración: aquellas cuya retirada no supere los tres meses o si el período restante por cumplir es inferior a un mes.
El eurodiputado italiano Matteo Ricci, ponente del texto legislativo, ha defendido que el acuerdo introduce “criterios más claros y oportunos” para la suspensión del derecho a conducir y que la medida “protege no solo a los conductores responsables, sino también al conjunto de la ciudadanía”.
Hacia la seguridad vial europea
La armonización de las sanciones por infracciones graves se enmarca dentro de la estrategia de la Comisión Europea para reducir las muertes en carretera. En 2024, un total de 19.800 personas fallecieron en accidentes de tráfico dentro de la Unión Europea, según datos de Bruselas. La cifra representa una leve reducción del 3 % respecto al año anterior, pero los avances son desiguales: mientras Suecia y Dinamarca registran los índices más bajos (20 y 24 muertes por millón de habitantes, respectivamente), Bulgaria y Rumanía encabezan las estadísticas negativas (74 y 77 muertes por millón).
El objetivo de la Comisión es reducir a la mitad las muertes en carretera entre 2020 y 2030. En este contexto, la interoperabilidad entre los sistemas de permisos de conducir y el reconocimiento transfronterizo de las sanciones se consideran elementos clave.
Carné digital antes de 2030
Paralelamente a este acuerdo, el Parlamento Europeo y los Estados miembros han dado un paso adelante en la digitalización del permiso de conducir. Se ha acordado la creación de un carné de conducir digital válido en toda la Unión, que podrá llevarse en el teléfono móvil y tendrá la misma validez legal que el carné físico. Este carné estará disponible en todos los países miembros antes de que finalice 2030.
El objetivo es facilitar la portabilidad del documento entre países, agilizar trámites administrativos y simplificar los controles, sin que ello impida a los ciudadanos seguir solicitando una versión física si lo desean.
La directiva europea incluye una cláusula de revisión: en un plazo de cinco años, la Comisión deberá evaluar el impacto de la nueva normativa y determinar si es necesario ampliar el listado de infracciones cubiertas o reducir los plazos de comunicación entre Estados para mejorar la eficacia del sistema.
Con estas medidas, la UE refuerza su compromiso con la seguridad vial y la libre circulación, estableciendo un sistema más coherente y justo para sancionar conductas peligrosas en carretera, independientemente del país en el que se cometan.
