El sistema educativo español no responde a la complejidad actual de las aulas y ‘quema’ a los profesores: “Cada día es más difícil realizar este trabajo”

El sistema educativo en España enfrenta un desafío crítico que amenaza su capacidad para garantizar una educación de calidad: la crisis de la profesión docente.

Según un análisis reciente liderado por Lucas Gortázar, las condiciones laborales de los profesores, la creciente complejidad en las aulas y la falta de apoyo institucional han generado un deterioro significativo en el bienestar y la motivación de los profesores.

Este panorama, agravado por factores sociales y económicos, exige una respuesta urgente para revitalizar la profesión y asegurar el futuro de la educación en el país.

Uno de los factores más destacados en el informe es el aumento de la diversidad en las aulas españolas. Según los datos presentados, en 2023, un 32% de los estudiantes de 4º de primaria provenían de familias migrantes, lo que refleja un cambio relevante en la composición del alumnado.

En declaraciones a Infobae España, Ainara, profesora en el País Vasco, relata que en su centro se incorpora alumnado nuevo a lo largo del curso: “Muchos alumnos y alumnas llegan de Latinoamérica, del resto de España y otros países, tanto de la comunidad europea como de fuera”. No obstante, “no les queda más remedio que adaptarse, pero no es fácil. En muchos casos sus niveles de conocimientos son muy distintos. Tengo un caso de la India: solo sabe inglés y nada de castellano. No existe ningún recurso de inmersión lingüística durante meses para que puedan adquirir una base”, explica la profesora.

Algo que se complica más en su comunidad autónoma: “Aquí la mayoría de centros trabajan en euskera (modelo D), excepto dos centros en Vizcaya que imparten en castellano (modelo A)”, señala Ainara.

También Marina, docente en la Comunidad de Madrid, destaca los retos que implica la diversidad del aula: “Hay tantos casos y son incontables posibilidades… dificultades de aprendizaje, niños que vienen de otros centros, trastornos… No tenemos una gran preparación para atender todo esto”, señala, en declaraciones a este diario.

Además, está la pobreza infantil. El 34,7% de los menores están en situación de vulnerabilidad, según el INE, un porcentaje que ha crecido un 5% desde 2018. “Todo lo que sea una situación de pobreza familiar repercute en los estudios”, advierte Marina, quien señala que las diferencias entre centros (público/privado/concertado o localización) también son significativas: “No es lo mismo un colegio en Villaviciosa de Odón que uno en Vallecas”.

El informe también destaca el impacto de la salud mental entre los jóvenes. Según datos de la OCDE, la proporción de estudiantes de 15 años que experimentan ansiedad semanalmente pasó del 11% al 20% entre 2018 y 2022.

Ainara señala que “lo más llamativo son las dificultades emocionales. Me encuentro con alumnado muy dañado, con un porcentaje muy elevado de problemas mentales, ansiedad y conductas no adecuadas. Todo esto dificulta enormemente dar clase”.

Del mismo modo, también apunta a una sobrecarga estructural: “Tenemos que seguir adelante con los contenidos, siendo muy complicado llegar a todo”. Algo con lo que Marina coincide: “Existe la ansiedad infantil, pero los problemas que puede enfrentar un niño de 10 años no son los mismos que los de uno de 14”, explica.

“Todo lo que sea ansiedad y preocupaciones ajenas va a influir negativamente en su educación y formación académica”, insiste la profesora madrileña, y añade que “cada vez hay muchos más niños con déficit de atención e hiperactividad”, un fenómeno que atribuye, en parte, a la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

A pesar de una recuperación parcial de los salarios tras la Gran Recesión (2008), las condiciones laborales siguen siendo motivo de preocupación. Según el análisis de Gortázar, aunque el número de horas lectivas es similar al promedio de la OCDE, la carga laboral se ha intensificado.

En este sentido, España cuenta con uno de los calendarios escolares más largos, lo que incrementa la presión sobre el profesorado, especialmente en centros con alumnado vulnerable.

Otro problema significativo es la alta tasa de temporalidad. En 2018, un 34% de los docentes en centros con mayor concentración de alumnado vulnerable había trabajado menos de tres años en el mismo lugar, lo que afecta a la estabilidad de los equipos educativos.

La desmotivación es otra de las cuestiones críticas señaladas en el informe. En 2023, solo un 24% de los profesores afirmaba mantener la ilusión por su trabajo, frente al 60% en 2007. En España, solo un 34,1% de los docentes participa en observaciones de su práctica por parte de compañeros experimentados, frente al 81,4% en la OCDE.

“Cada día es más complejo realizar este trabajo. No es fácil gestionar cómo muchas veces no podemos llegar al alumnado por falta de recursos personales o administrativos”, lamenta Ainara. “Aunque no queremos, se nos escapa muchísima información”, agrega.

“Trabajamos con personas en pleno desarrollo. A veces necesitamos resetearnos para volver a creer que plantamos una semillita, aunque no siempre veamos si florece”, recuerda la profesora del País Vasco.

Marina también sugiere más formación en los propios centros: “Hacer más cursos o que nos den formación específica en el centro” podría ser una vía para mejorar su práctica docente.

En este contexto, Ainara considera fundamental una mejora en la formación del profesorado: “No es adecuada. Se necesita más formación en psicología y herramientas de convivencia. Es muy difícil dar contenidos, responder a todas las necesidades y detectar si hay dificultades a cualquier nivel”.

Ante este escenario, el informe de Gortázar propone cuatro medidas clave:

• Apoyo socioemocional y refuerzo educativo para alumnado vulnerable: inversión de 1.200 millones de euros anuales para reducir brechas de aprendizaje mediante apoyo emocional y refuerzo en materias clave.
• Estabilidad en los claustros: reducir la temporalidad y aumentar la continuidad en equipos docentes.
• Revalorización del grado de Magisterio y mejora de la formación inicial: Exigir mayor preparación para acceder al grado y establecer un “MIR educativo”.
• Sistema de evaluación voluntario con incentivos: promover el desarrollo profesional mediante evaluación continua y reconocimiento del mérito.