Un juzgado de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a pagar 83.000 euros a un hombre cuya esposa murió por el retraso en el diagnóstico de un tumor gástrico. Así, el tribunal declara nula la resolución del SESCAM de mayo de 2022 que desestimaba la reclamación del demandante.
El recurrente reclamaba una indemnización de 104.400 euros por los daños morales derivados del fallecimiento, alegando mala praxis médica (vulneración del lex artis) por parte de los servicios sanitarios que atendieron a su esposa y un funcionamiento anormal de los servicios del Centro de Salud de Yuncler y el Complejo Hospitalario de Toledo. El tribunal reconoce la relación entre el retraso en la atención sanitaria y el fallecimiento, al indicar que no hubo una adecuada exploración clínica y consulta de las historias clínicas en tiempo oportuno, pero también concluye que la paciente compartía parte de la responsabilidad, al “no acudir a citas programadas ni continuar con el seguimiento médico indicado”. Por ello, la justicia reduce en un 20% la indemnización que debe recibir el demandante respecto al monto inicialmente reclamado, hasta los 83.000 euros.
Según indica la sentencia, la mujer fue diagnosticada en 2012 con gastritis crónica atrófica y metaplasia y, unos años más tarde, en 2018, se le detectó un tumor gástrico avanzado, pero era ya irreversible, y falleció en agosto de ese año.
Una excusa “inaceptable”
Desde la Asociación El Defensor del Paciente, que se ha encargado de la defensa del caso, lamentan que a pesar de que la paciente había sido diagnosticada con esa lesión gástrica premaligna, “no se realizó el seguimiento recomendado con endoscopias cada tres años, no lo hizo en ningún momento la doctora de Atención Primaria con su historia clínica, ni lo comprobaron en el centro hospitalario para citarla para seguimiento de su patología”.
En la sentencia, recuerda la asociación, también se indica que “la excusa de que el paciente no refiere todos los síntomas, o no lo hace con la suficiente precisión, es inaceptable”. “Es posible que no haya siempre tiempo suficiente para atender de forma adecuada a un paciente, pero no tenemos por qué resignarnos a asumir tal cosa, como si no tuviera solución. Y no es justa tampoco la sistemática actitud de la Administración de desestimarlo todo en los casos en que es evidente la mala praxis de aquella y obligar a los ciudadanos, que la sostienen, a tener que acudir a los Tribunales de Justicia para obtener una justa reparación”, señala el texto.
