Un gato. (Pexels)Dice la leyenda que en España hay más perros que niños. Sin embargo, la realidad es que no podemos saberlo con exactitud, porque muchos dueños de mascotas todavía no les han puesto el chip —y, por tanto, no están incluidos en el censo—, pero sobre todo porque la mayoría no notifica el fallecimiento de sus animales, por lo que en las estadísticas figuran miles de ellos que ya no están vivos. Para llevar un mejor control del número de animales de compañía en el país, y facilitar su protección, la ley ha introducido una serie de novedades.
Así, el Gobierno español ha emitido una advertencia formal dirigida a todos los propietarios de gatos, recordando la entrada en vigor de nuevas disposiciones legales contenidas en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, sobre la protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta normativa, impulsada por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, introduce obligaciones cuya infracción puede acarrear multas que alcanzan los 200.000 euros. En el centro de estas medidas se encuentra la exigencia de identificar obligatoriamente a los gatos domésticos mediante microchip, una herramienta que, hasta la implementación de esta ley, no era de cumplimiento uniforme en todo el territorio nacional.
El texto legal ha sido concebido con el objetivo de unificar los criterios de protección animal en España, superando las diferencias normativas existentes entre comunidades autónomas. De esta forma, todos los tutores legales de felinos, con independencia de su lugar de residencia, están ahora obligados a registrar a sus animales, no solo con la correspondiente vacunación, sino también mediante la implantación subcutánea de un microchip. Esta medida deja de ser una recomendación o una exigencia aplicable solo a determinadas especies —como ocurría anteriormente con los perros— para convertirse en un requisito legal universal.
La implantación del microchip debe realizarse en los primeros meses de vida del animal. En función de la interpretación normativa, se fija como límite los tres meses de edad o, en su defecto, los seis meses, plazo tras el cual el tutor del animal podría incurrir en una infracción administrativa de carácter grave.
Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes. El proceso por el cual se inserta el microchip en un gato es clínicamente sencillo y debe realizarse en un centro veterinario homologado. El dispositivo, de tamaño similar al de un grano de arroz, se coloca bajo la piel, cerca del cuello, y contiene un código único de 15 dígitos. Este número no almacena datos personales, pero está vinculado a una base de datos oficial donde sí constan los datos del propietario, como nombre, dirección y teléfono. La inscripción del microchip en esta base de datos —ya sea gestionada por la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) u organismos equivalentes— es obligatoria y fundamental para que las autoridades puedan identificar al dueño en caso de extravío del animal.
El incumplimiento de esta medida no se considera menor. La Ley de Bienestar Animal tipifica como infracción grave la tenencia de gatos sin microchip, estableciendo un régimen sancionador con multas que oscilan entre los 50.001 y los 200.000 euros. Esta horquilla sancionadora incluye además otras prácticas prohibidas por la normativa, como la venta de gatos en tiendas no autorizadas o la omisión de reportar la pérdida del animal en un plazo máximo de 48 horas.
