Saray Ruiz perdió a su padre, Francisco, hace cinco meses, pero aún no ha podido enterrarle. El hombre, de 63 años, desapareció en la riada del pasado 29 de octubre que destrozó buena parte de la Comunidad Valenciana, al ser arrastrado por la corriente. Pudo salvar a sus dos nietos —hijos de Saray— subiéndoles al techo de un coche, pero cuando al cabo de dos horas alguien llegó para ayudarles, él ya no estaba. Ocurrió en la localidad de Monserrat, a unos 40 kilómetros de Valencia, donde los efectos de la Dana, al igual que en resto de municipios afectados, aún son visibles y siguen sin haberse depurado responsabilidades.
Esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado tanto el fallecimiento oficial de Francisco como de José Javier Vicent, de 56 años, que el día de la tragedia conducía por Pedralba junto a su hija, cuyo cuerpo se halló a más de 60 kilómetros de la localidad. De esta forma, solo queda una tercera persona que mantiene el estatus de desaparecida a consecuencia de la Dana: Elisabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, ya que sus familiares presentaron más tarde el expediente de jurisdicción voluntaria y aún se encuentra en trámite en un juzgado de Requena. No obstante, la Guardia Civil seguirá buscando a las tres víctimas.
En total, las víctimas de la Dana ya ascienden a 227, mientras que los daños materiales siguen siendo incalculables. Una vez dados por fallecidos de forma oficial, las familias pueden iniciar trámites para solicitar ciertas ayudas, así como gestionar herencias o cancelar préstamos bancarios.
Un duelo difícil por la “inacción” de las autoridades
Después de estos cinco meses, además del trauma, Saray asegura que lo peor es que “aún no se han depurado responsabilidades y sigue sin haber dimisiones”, a pesar de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana y la Fiscalía provincial de Valencia han responsabilizado “exclusivamente” al Gobierno autonómico que dirige Carlos Mazón, quien el 29 de octubre no había llegado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la hora en que se envió la alerta a la población, a las 20:11.
“En general estamos cansados de tanto trámite engorroso, porque ya llevamos así cinco meses y aún no hay nada en claro, no se han depurado responsabilidades y nadie asume nada”, dice indignada Saray, de 36 años, en conversación con Infobae España. A diferencia de un duelo común, el suyo, asegura, “es mucho más difícil” por las circunstancias, “por lo que no se hizo ese día y lo que no se hizo después”, además del “continuo maltrato que están recibiendo”.
“Aquí nadie entona el mea culpa ni acepta las consecuencias que va a haber. Es una mentira tras otra, como cuando Mazón sigue diciendo que está en contacto con los familiares de las víctimas y nadie ha recibido su llamada”, dice con rabia.
Un funeral que no llega
A Saray aún le cuesta recordar cómo aquel fatídico 29 de octubre su padre se había quedado a cargo de sus dos hijos, de 5 y 10 años, después de que se suspendieran las clases a partir de la información que habían dado organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya que ella tenía que acudir al trabajo. Francisco salió de su casa con los niños para dirigirse a la de Saray, que terminaba de trabajar sobre las 19:00 horas, pero “se toparon con el desbordamiento del barranco de Logrois”, cuenta la joven, una zona que quedo destrozada por la fuerza del agua. Fue visto por última vez cerca de un supermercado y, tras subir a sus nietos al techo del coche, fue arrastrado por la corriente y se le perdió la pista.
Los primeros días después de la tragedia, asegura Saray, fueron “realmente duros”, porque cuando comenzaron las batidas tenía “una mezcla de sentimientos encontrados”. “Por un lado, quería encontrarlo, pero al mismo tiempo no quería, porque mi mente no estaba preparada para esa situación”. La joven, junto a su familia, amigos y voluntarios, “recorrió todos los rincones” de Monserrat y tocó la puerta, sin éxito, tanto de hospitales como de centros para personas sin hogar. Al cabo de unos días, las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieron.
El hecho de que Francisco no haya aparecido y no hayan podido celebrar un funeral también pesa a la familia. “Al final la mente tampoco quiere creer lo que no ve”, admite Saray, “por lo que tienes que enterrarlo como de forma ficticia, pero sigues sin estar en paz”.
A lo largo de esta semana, la jueza de Catarroja que instruye la causa ha citado como perjudicados a familiares y allegados de 17 víctimas mortales, tanto para tomarles declaración como para ofrecerles acciones legales. Y gracias a esta jueza, Saray confía en “encontrar justicia a pesar de todo”.
