El plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, anunciado el pasado 4 de diciembre, echa a andar. Elaborado conjuntamente por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, el programa incluyó entre sus principales medidas de choque la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal de refuerzo para celebrar juicios rápidos y un tercer juzgado de instrucción de guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves.
Este último se puso ya en marcha el pasado 17 de marzo, mientras que los otros cuatro fueron “autorizados económicamente” el pasado 27 de diciembre y “entrarán en funcionamiento en cuanto el Consejo General del Poder Judicial seleccione a los jueces que estarán al frente”, tal como se desprende de una reciente respuesta parlamentaria por escrito del Gobierno a una petición efectuada por el PP.
Para justificar el impulso de este plan, el Gobierno y la Generalitat pusieron el foco en el “incremento significativo” del número de delitos contra el patrimonio en Barcelona, una situación que, a pesar de “no revestir gravedad ni dar lugar a lesiones físicas en la gran mayoría de los casos, generan una percepción de inseguridad por su reiteración en comercios, transporte público, zonas de aglomeraciones de personas y áreas turísticas”.
Según este programa, estos hechos delictivos se caracterizan también por ser “protagonizados por un número relativamente reducido de autores”. Según el Plan de Acción Tremall, en el que participaron la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, durante el año 2023 se identificaron en torno a 487 personas implicadas en 6.169 hechos delictivos, relacionados principalmente con hurtos y robos.
Entre sus efectos, las autoridades destacan la percepción de inseguridad, pero sobre todo la “congestión” de los juzgados y tribunales que analizan este tipo de delitos. Su reiteración, “unida a la mayor capacidad de detección y registro por parte de las autoridades”, aumenta el volumen de casos que ingresan al sistema judicial, “ralentizando los tiempos de respuesta y dificultando la resolución ágil de procesos”.
Con el fin de evitar la “saturación” de los órganos judiciales y agilizar una respuesta a este problema, ambas instituciones impulsaron dicho plan. Entre las medidas de choque diseñadas, la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal “reducirá los tiempos de celebración de los juicios rápidos en los Juzgados de lo Penal de Barcelona, duplicándose el número de sentencias por este tipo de delitos”.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes “asume el coste” de los jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales de refuerzo. La Generalitat, por su parte, “abonará los costes de los funcionarios y de la ampliación de espacios para tener más salas de vistas y poder celebrar más juicios”. Con este aumento de órganos judiciales, “Barcelona será, junto con Madrid, la ciudad con mayor número de juzgados para luchar contra la multirreincidencia”.
En cuanto a la constitución del tercer juzgado de instrucción de guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves en Barcelona, esta medida va a “reducir considerablemente” el tiempo que transcurre desde que se comete el delito hasta que se juzga. “Celebrará aproximadamente 24 juicios por delito leve al día, lo que implica incrementar un tercio los juicios por delitos leves al día”.
Para este caso, el Ministerio dirigido por Félix Bolaños también se hará cargo del coste del servicio de guardia del juez, el letrado de la administración de Justicia y el fiscal, mientras que la administración liderada por Salvador Illa asumirá el coste del servicio de guardia de los funcionarios.
Más acceso a información por la policía local
Otra de las medidas previstas es el acceso de la Guardia Urbana al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), una base de datos en la que los órganos judiciales con competencias penales “anotan” la información sobre las sentencias que contienen medidas cautelares, requisitorias y penas. “Este sistema proporciona a todos sus usuarios una herramienta de trabajo, a través de la cual, en función del perfil que tienen definido y autorizado, pueden acceder a la información que necesitan para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y la correcta toma de decisiones”, informa el Ejecutivo.
El acceso por parte de la Guardia Urbana permitirá detectar los casos de multirreincidencia, ya que estos agentes son quienes tienen el primer contacto con el delito la mayoría de las veces. “De esta manera, los policías locales podrán comprobar fácilmente si existe multirreincidencia para calificar correctamente el delito, aplicar en su caso una agravante y dirigirlo al juzgado competente”.
El plan menciona que el acceso a los antecedentes penales permitirá a la Guardia Urbana comprobar si el hurto cometido es un delito menos grave, en cuyo caso, al estar castigado con pena de prisión, “se podrá acordar la detención y poner a disposición del Juzgado de Guardia de detenidos”.
