En el siglo XVI, se publicó El Lazarillo de Tormes, una obra, de autor anónimo, que alcanzó un indudable éxito hasta nuestros días. Nacía así un nuevo género, la novela picaresca, que a modo de crítica social, ponía de relieve la figura del pícaro, un personaje que sobrevivía a base de su ingenio y astucia, aunque los métodos para salir adelante no sean los más honestos.
Han pasado casi 500 años, y El Lazarillo ha creado escuela; y es que, en todos los países, siempre hay algo de picaresca, sobre todo en España. Escatimar facturas, trabajar sin estar dado de alta, no declarar los ingresos reales, pagar a los trabajadores “en negro” o recibir rentas en efectivo son algunas de las prácticas de la economía sumergida de nuestro país.
En este contexto, uno de los colectivos más vulnerables es el de las empleadas del hogar. En una investigación de la ONG Oxfam Intermón, sale a la luz que una de cada tres trabajadoras continúa sin estar dada de alta en la Seguridad Social, ya sea por decisión propia o de sus empleadores.
Además, el estudio denuncia las discriminaciones de estas trabajadoras, reivindicando sus derechos, como la sanidad, donde este gremio no tiene reconocida ninguna enfermedad profesional, pese a que el 74% necesiten medicarse para soportar el dolor.
“Muchas de esas mujeres se ven obligadas a trabajar en régimen de ‘interna’, haciendo jornadas infinitas y sin tener apenas horas de descanso o días libres”, dice Nerea Boneta, autora del informe.
Un trabajo condenado a la pobreza
Informalidad, bajos salarios, falta de derechos laborales y situaciones de discriminación constituyen un día normal para las 565.718 personas que trabajan en este sector en España, de las cuales, el 90% son mujeres y el 69% extranjeras o de doble nacionalidad.
Es más, España es el país de la Unión Europea (UE) con mayor número de empleadas del hogar y de cuidados (34,5%). Pero esto no se traduce en unas condiciones mínimas, según los datos del análisis.
El salario medio no llega a los 1.000 euros mensuales para la gran mayoría de ellas, lo que se traduce en que tres de cada diez no puedan salir de la pobreza y el 37,7% admita problemas “severos” para llegar a fin de mes.
“Se encuentran solas y sin red familiar que las apoye”, explica Boneta. “No son reconocidas ni atendidas por la administración pública. Se les niegan derechos tan básicos como el derecho a paro con carácter retroactivo”, denuncia.
Pese a la reforma impulsada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, solo cuatro de cada diez trabajadoras reciben indemnización por despido. Esto conlleva una gran inestabilidad, alimentada por la temporalidad que caracteriza estos puestos (uno de cada cuatro son temporales), y sobre todo, la imposibilidad de trabajar las horas suficientes como para recibir un sueldo mensual decente (60% son jornadas parciales).
“Es inaceptable que ser mujer empleada de hogar y cuidados te condene a la pobreza, con bajos salarios y menos derechos laborales reconocidos que para el resto de personas trabajadoras”, subraya la investigadora.
