El Gobierno sigue siendo incapaz de apagar el incendio que emergió el 10 de marzo en la Seguridad Social. El colapso dentro del organismo público y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo de Sánchez ha llevado a los directivos y subdirectivos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a plantarse.
En total, unos 200 empleados públicos van a intensificar las protestas, iniciadas en marzo, y que este jueves ha tenido su cuarta jornada, con convocatorias de paros indefinidos a partir del 1 de abril durante tres días a la semana.
La protesta de estos trabajadores se centra en el incremento exponencial de nuevos trabajos, competencias y responsabilidades derivados de las nuevas prestaciones, cambios continuos del modelo de jubilación, el descontrol de las incapacidades laborales y los cambios en el modelo de atención al ciudadano.
“Más de 100.000 familias en estado de vulnerabilidad esperan una respuesta de su solicitud al Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, afirman los altos cargos del organismo. No obstante, y a pesar de las sucesivas llamadas de atención, los convocantes denuncian la falta de respuesta del ministerio ante lo que definen como una “situación de colapso”.
La creación del IMV en el año 2020 por parte del Gobierno de coalición PSOE-Podemos no se complementó con la necesaria reforma estructural de la Seguridad Social, lo que indica una mala gestión de recursos humanos del ente público en los últimos años.
El Gobierno de Sánchez continua callado
“Ante la falta de respuesta de los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la situación de hundimiento en la gestión de este organismo”, los directivos han convocado paros indefinidos a partir del 1 de abril.
Con estos paros, los altos cargos territoriales del INSS exigen “soluciones estructurales” para revertir la situación de “caos de una entidad gestora que con una estructura del siglo pasado y con unas plantillas envejecidas y mermadas pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI”.
La institución lleva arrastrando problemas significativos desde hace tiempo. El INSS gestiona el 37% de los presupuestos generales del Estado. En mayo de 2023, la entidad envió un comunicado, que fue ignorado. Solo tras una primera convocatoria de huelga, la Secretaría de Estado de la que depende el INSS accedió a mantener un encuentro.
No obstante, esta reunión fue infructuosa para los directivos, que decidieron mantener los paros de cuatro jornadas del mes de marzo. Desde entonces, no ha habido otra reunión entre el Gobierno y el personal. En este sentido, los huelguistas niegan que exista un “diálogo abierto para resolver este conflicto”, al contrario de lo que ha declarado públicamente la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
“No se ha trasladado ninguna propuesta concreta a ninguna de las demandas de la huelga que pudiera considerarse una base de negociación”, exponen los directivos.
Estancamiento en la gestión de prestaciones
“Allí donde está coincidiendo con la jornada y horario de los paros, se están viendo paralizadas las comisiones ejecutivas del INSS, por ausencia del secretario de las mismas, así como las comisiones de seguimiento del Convenio de la Incapacidad temporal, las mesas de contratación y los comités de seguridad y salud laboral donde asistan estos directivos provinciales”, añaden.
Así, una de las prestaciones más afectadas se encuentran las de incapacidad temporal o permanente, con más de 200.000 expedientes pendientes de resolución.
Los paros han supuesto la suspensión de la actividad de los tribunales médicos, donde la mayoría de los presidentes han participado en la huelga.
En este contexto, los altos cargos detallan que los paros parciales han tenido un seguimiento masivo, con el 88% de las provincias apoyando los paros, y una participación total del 64%. Por su parte, en las provincias de Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Asturias y Murcia, el seguimiento de huelga ha sido de más del 90%.
