La Universidad de Sussex, ubicada en el Reino Unido, ha sido sancionada con una multa sin precedentes de 585.000 libras esterlinas (aproximadamente 678.000 euros) por la Oficina de Estudiantes (OfS), el regulador de la educación superior en el país. La sanción se impuso tras una investigación que concluyó que la institución no protegió adecuadamente la libertad de expresión en su campus.
Este caso, que ha generado un intenso debate, se centra en una política universitaria sobre igualdad transgénero y no binaria que, según el regulador, podría haber llevado a la autocensura de estudiantes y personal académico. La investigación de la OfS se inició tras las protestas en el campus contra la profesora Kathleen Stock, quien dejó la universidad en 2021 tras ser acusada de transfobia.
La profesora, que había publicado un libro cuestionando si la identidad de género era más significativa socialmente que el sexo biológico, afirmó que la política universitaria la llevó a modificar su forma de enseñar y a evitar expresar ciertas opiniones críticas sobre cuestiones de género. Según el regulador, esta situación tuvo un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión en la institución.
El centro de la controversia es la Declaración de Política de Igualdad Trans y No Binaria de la Universidad de Sussex. Según detalló la OfS, esta política incluía disposiciones como la obligación de “representar positivamente a las personas trans” en los materiales del curso y la prohibición de la “propaganda transfóbica”. Además, establecía que el “abuso transfóbico” sería considerado una falta disciplinaria grave tanto para estudiantes como para el personal.
El regulador argumentó que estas disposiciones podrían haber generado un ambiente en el que las personas temieran expresar opiniones contrarias, incluso si estas eran legales. En su informe, la OfS señaló que la política fue evaluada en el contexto de los deberes legales existentes sobre la libertad de expresión y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro elementos específicos de la política fueron considerados “preocupantes” por el regulador, incluyendo el requisito de representar positivamente a las personas trans y la afirmación de que la propaganda transfóbica no sería tolerada.
La respuesta de la Universidad de Sussex
La profesora Sasha Roseneil, vicerrectora de la universidad, calificó la decisión de la OfS como una extralimitación regulatoria y afirmó que la multa es “totalmente desproporcionada”. Según la universidad, el fallo del regulador establece una definición “irrazonablemente absolutista” de la libertad de expresión, lo que, en su opinión, deja a las instituciones educativas sin herramientas para prevenir el discurso abusivo, intimidatorio o acosador en sus campus.
Roseneil también criticó el proceso de investigación de la OfS, señalando que no se entrevistó a ningún miembro de la universidad durante los tres años y medio que duró la indagación. En una declaración contundente, la universidad acusó al regulador de llevar a cabo una “campaña vengativa e irrazonable” y de utilizar este caso como un ejemplo para afianzar una postura libertaria extrema sobre la libertad de expresión.
El caso de Kathleen Stock
La profesora Kathleen Stock, quien fue catedrática de Filosofía en la Universidad de Sussex, se convirtió en el centro de las protestas en el campus tras la publicación de su libro sobre cuestiones de género. Según informó BBC News, los estudiantes colocaron carteles pidiendo su despido y organizaron manifestaciones durante una jornada de puertas abiertas. Stock, quien rechazó las acusaciones de transfobia, describió la experiencia como un “sueño surrealista de ansiedad” y finalmente renunció a su puesto en 2021. Posteriormente, fue reconocida con una OBE por sus servicios a la educación superior.
La OfS concluyó que la política universitaria tuvo un impacto directo en la forma en que Stock enseñaba, llevándola a evitar ciertos temas y opiniones en sus clases. Además, el regulador expresó su preocupación de que este “efecto paralizador” pudiera haber afectado a otros académicos y estudiantes, limitando el debate y la expresión de ideas en el campus.
Reacciones y consecuencias
La multa impuesta a la Universidad de Sussex es la más alta jamás aplicada por la OfS desde que en enero de 2025 se le otorgaron poderes para sancionar económicamente a las instituciones que no respeten la libertad de expresión. Según Arif Ahmed, director de libertad de expresión y libertad académica en la OfS, las sanciones monetarias sustanciales “son apropiadas dada la magnitud de las faltas encontradas”. Ahmed también destacó que las decisiones clave sobre libertad de expresión e igualdad en la universidad fueron tomadas por personas sin la autoridad adecuada, lo que pudo haber afectado negativamente a estudiantes y personal.
Por su parte, Universities UK, una organización que representa a 141 instituciones de educación superior, expresó su preocupación por el fallo y anunció que solicitará aclaraciones a la OfS sobre qué constituye una violación de las reglas de libertad de expresión. Vivienne Stern, directora ejecutiva de la organización, señaló a la BBC que el caso plantea interrogantes sobre cómo las universidades pueden equilibrar la libertad de expresión con otros deberes legales, como la prevención del acoso y el discurso de odio.
