La Universitat de València ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) el informe que esclarece quién fue el órgano responsable de suspender las actividades del centro el día de la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, en qué se sustentó y quién participó en la decisión. Un día después de los hechos, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, criticó a la universidad por suspender las clases. El informe, al que ha tenido acceso Infobae España, señala que la universidad “no dispuso de más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos e informaciones de los organismos públicos”, dicta el texto. La DANA terminó con más de 220 fallecidos y un daño material valorado en millones de euros.
El informe de cinco páginas, firmado por Justo Herrera Gómez, coordinador del Comité de Emergencias de la UV y vicerrector de Economía e Infraestructuras, añade que la universidad activó su protocolo de emergencia el 28 de octubre de 2024, tras recibir alertas meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el servicio de emergencias de la Generalitat Valenciana. La decisión fue tomada por la rectora, Mavi Mestre, a instancias del Comité de Emergencias UV, compuesto por representantes del equipo de gobierno, personal directivo y decanos de diversas facultades.
El lunes 28 de octubre, un día antes de las devastadoras lluvias torrenciales, la UV emitió un comunicado informando a todos los estudiantes sobre la suspensión de las clases debido a las fuertes precipitaciones. Durante la mañana del martes 29, tras el aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la UV acordó a las 11:35 suspender toda la actividad docente, administrativa, investigadora y cultural en todos sus campus e instalaciones. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por el presidente del Consell durante una reunión con sindicatos y empresarios al día siguiente. Mazón consideró que la medida “excesiva”.
“El referido Comité está formado por representantes del equipo de gobierno [Consejo de Dirección), gerencial [Personal Directivo Público Profesional], de centros [Facultades y Escuelasi y de servicios, que participan en él por su responsabilidad y conocimiento de las áreas funcionales importantes para la implementación de las medidas que se deban tomar”, señalan en el informe, y detallan que la decisión se tomó en función de la “información pública” conocida hasta el momento y a la “información interna”.
Del nivel uno al nivel tres
La situación se evaluó a partir de las previsiones de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos adversos para los días siguientes, especialmente el 29 y 30 de octubre. En respuesta, se declaró el nivel 1 de emergencia a las 11:28 horas del 28 de octubre, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y el uso de transportes públicos. Este nivel permitía que los estudiantes no asistieran a clase sin afectar su rendimiento académico.
A medida que la situación empeoraba, con alertas de lluvias torrenciales y viento fuerte, se evaluó la necesidad de elevar la emergencia a nivel 2. Esta medida, que fue implementada a las 19:49 horas del mismo día, suspendió la actividad docente, administrativa y cultural, aunque se mantuvieron algunas excepciones para funciones esenciales.
Finalmente, el 29 de octubre, la situación llevó al Comité de Emergencias a declarar el nivel 3, lo que implicó la suspensión total de todas las actividades presenciales en la universidad, incluyendo investigaciones y deportes. Solo se mantuvieron las tareas de mantenimiento de instalaciones críticas. La universidad informó de estas decisiones a la comunidad universitaria a través de sus canales oficiales, incluyendo correo electrónico, redes sociales y su página web, asegurando que todos los miembros estuvieran al tanto de las medidas adoptadas.
