Según el informe de Evaluación de Estado de la Red de Carreteras del Estado (RCE) del periodo 2021-2023, elaborado por la Fundación RACE, un 9% de la red de las carreteras españolas muestra un riesgo elevado de peligrosidad (2.838 kilómetros de los 25.742 kilómetros analizados). Asimismo, se han localizado un total de 82 tramos de Riesgo Elevado, de los cuales 21 son tramos “Negros”, considerados de Riesgo Alto para la seguridad de sus usuarios. Por otra parte, hay 61 tramos considerados “Rojos”, calificados de Riesgo Medio-Alto.
Frente a esta situación, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) destacan que se están llevando a cabo proyectos como la ubicación de nuevos radares en carretera, la implantación de nuevo equipamiento de Sistemas Inteligentes de Transportes en carretera (ITS) y una plataforma del vehículo conectado DGT 3.0, “que tiene en producción distintos casos de uso cuyo objetivo final es mejorar la seguridad vial”. Además, desde los Centros de Gestión del Tráfico “se lleva a cabo, durante 24 horas los 7 días de la semana, la monitorización de las vías y regulación del tráfico”.
Así se desprende de una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita realizada por Félix Alonso y Júlia Boada, diputados de los Comuns, del grupo Sumar. En concreto, a raíz de este último informe, los parlamentarios preguntaron al Ejecutivo sobre “las medidas urgentes que está tomando para reducir la siniestralidad en los tramos más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado”.
Más allá del mantenimiento de la infraestructura, el informe destaca la instalación de radares en los puntos de riesgo elevado para minimizar la siniestralidad vial. De hecho, hasta la fecha de evaluación del informe, “solo dos tramos de riesgo elevado” contaban con un radar fijo de control de velocidad.
La N-260, en Cataluña, entre los puntos kilométricos 187,7 y 193,84, es la carretera con un mayor riesgo para sufrir un accidente grave. El resto de los tramos negros de alta peligrosidad se encuentran en la N-340 (Comunidad Valenciana), N-6 (Galicia), N-110 (Castilla y León), N-345 (Murcia), N-340 (Cataluña), N-4 (Andalucía), N-323 (Andalucía), la N-211(Aragón) y la N-111 (Castilla y León).
En respuesta a esta petición, la DGT alude a la puesta en marcha de 24 nuevos radares en distintas zonas de España, 17 de ellos fijos y 7 de tramo, anunciada a mediados de enero por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la visita que realizó al Centro de Denuncias Automatizadas que el Organismo tiene en León. Su ubicación afecta al norte, este y sur de la Península, más concretamente a las provincias de A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Málaga, Granada y en el Levante en Alicante y Valencia.
Asimismo, en el marco del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación a lo largo de 2025, la Dirección General de Tráfico ha puesto en funcionamiento este lunes 17 nuevos radares, 9 fijos y 8 de tramo, en carreteras de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid.
Una plataforma para avisar de los peligros en la vía
En la respuesta escrita, este organismo autónomo del Gobierno de España, dependiente del Ministerio del Interior, apela también al reciente impulso de DGT 3.0, la plataforma de vehículo conectado de la Dirección General de Tráfico que “facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad -fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transportes público, sistemas de gestión de flotas, etc- para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente”.
Esta herramienta digital pretende ser un centralizador de información homogeneizada, actualizada y veraz. Para cubrir estos tres aspectos “se han implementado una serie de servicios que puedan ser utilizados por aquellos actores que quieran compartir información de movilidad de manera desinteresada, y/o consumirla de manera gratuita para ofrecer servicios de movilidad a los usuarios finales”.
Entre los servicios que se ofrecen están la advertencia de averías en carretera, el aviso de obras, zonas de bajas emisiones, eventos deportivos, aparcamientos, ciclistas en la vía, autobuses en parada o vehículos de emergencia aproximándose. “Siguen produciéndose accidentes que podrían evitarse en el caso de que los usuarios de la vía (automovilistas, motoristas, ciclistas, peatones, etc.) cuenten con las herramientas necesarias para conocer en tiempo real peligros que encuentren en su recorrido, minimizando así el riesgo de sufrir un accidente al disponer de información con suficiente antelación para tomar una decisión compatible con la seguridad vial propia y del resto de usuarios de la vía”, justifica la DGT.
