Las peticiones de asilo por resolver aumentaron en 2024 hasta superar las 242.000, un 27% más que el año anterior (191.095), según el informe Más que cifras, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, en el Ejecutivo rehúyen de cualquier imagen de colapso: “Se señala que el sistema de citas soporta una presión permanente con el incremento de solicitudes que se produce para realizar trámites relacionados con la protección internacional. No obstante, atendiendo a los datos, lejos de mostrar una imposibilidad de acceso al procedimiento, se ha producido un aumento consolidado en la capacidad de presentación de solicitudes”.
Y es que, según los datos ofrecidos por el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita, España batió el récord por tercera vez consecutiva al recibir 167.366 solicitudes de protección internacional, superando la cifra anterior del año 2023. “Asimismo, a fecha 31 de enero de 2025 se han presentado un total de 13.384 solicitudes, lo que supone un notable aumento de más del 18% con respecto al mes anterior (diciembre 2024)”.
Por otra parte, en la citada iniciativa se señala que el Gobierno “viene realizando de forma periódica una evaluación de las necesidades de la Unidad de Extranjería, adecuándolas al servicio y a los incrementos de la demanda, y ajustando el servicio de atención a la ciudadanía que solicita cita con los medios disponibles en cada momento”, aunque no especifica dichas necesidades.
Entre las medidas puestas en marcha para garantizar que el sistema de citas funcione “adecuadamente”, el Gobierno destaca el uso de certificado digital o sistema de video-identificación que autentifique su identidad, “consiguiéndose garantizar que quien pide la cita es realmente el ciudadano”; la actuación policial por parte de las UCRIF contra las mafias dedicadas a esta actividad, con resultado de “varias operaciones contra estos grupos”; el uso de sistemas alternativos de cita previa (por teléfono, e-mail, a través de ONG); así como el refuerzo y optimización de las unidades de extranjería.
Proliferación de mafias
El Gobierno responde de esta maneta a la petición realizada por Enrique Santiago y Juan Antonio Valero, diputados de IU (Sumar), quienes se interesaron por las medidas concretas a implementar para “garantizar que el sistema de citas para solicitantes de protección internacional funcione de manera eficaz y permita el acceso ágil al trámite”. También, preguntaron por la posibilidad de aumentar el número de personal en las Unidades de Extranjería ante la demanda actual de solicitantes de protección internacional.
En concreto, los representantes de IU recordaron la concentración de un grupo de migrantes frente a la Comisaría de la Policía Nacional en Almería para ejercer su derecho fundamental a solicitar protección internacional. “Estas personas denuncian llevar meses intentando, sin éxito, conseguir una cita para iniciar el trámite”, señalaron en su iniciativa por escrito.
En este contexto, los integrantes del espacio liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayaron que la dificultad para acceder a citas de asilo es “un problema generalizado en España, pero en algunas ciudades, como Almería, la situación es crítica”. De hecho, la falta de acceso al trámite “condena a estas personas a la exclusión social, impidiéndoles regularizar su situación y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria y jurídica”.
Por otro lado, la “desesperación generada” por este sistema de citas ha llevado a la “proliferación de mafias que, utilizando bots, acaparan las citas y las revenden a precios exorbitantes (entre 50 y 350 euros). Esta situación agrava aún más la vulnerabilidad de los migrantes, quienes se ven obligados a recurrir a estas mafias para ejercer su derecho a solicitar asilo”.
En su respuesta, el Gobierno señala que la Policía Nacional atiende los distintos servicios de su competencia, llevando a cabo una “adecuada organización de los medios y optimización” de los recursos humanos bajo su dependencia. Asimismo, informa de que las unidades de este tipo en la Policía Nacional “no funcionan con catálogo de personal independiente, sino que cuentan con el personal asignado por la Comisaría Provincial”.
En este sentido, en lo relativo a la provincia de Almería, a fecha 31 de diciembre de 2024, “existían 110 efectivos policiales más que a fecha 31 de diciembre de 2018″. Asimismo, se señala que el porcentaje de ocupación del catálogo de personal desde el año 2018 se encuentra “por encima de la media nacional”.
