La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en el que solicita el archivo de la causa penal que investiga la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024.
En su escrito, Pradas rechaza ser considerada como “cabeza de turco” y argumenta que la respuesta a los hechos debe trasladarse al ámbito contencioso-administrativo, descartando la vía penal. Según informó Europa Press, la defensa de Pradas sostiene que las inundaciones fueron una “catástrofe natural de magnitud impresionante”, cuya rapidez y características hacían imposible prever o evitar sus consecuencias.
El recurso presentado por la defensa de Pradas subraya que las inundaciones, conocidas como dana, no fueron resultado de acciones humanas deliberadas, sino de un fenómeno natural de gran envergadura. En este contexto, se argumenta que “nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos” y que, por tanto, no procede atribuir responsabilidades penales. Para reforzar esta postura, el documento compara la tragedia con otros desastres naturales ocurridos en España, como la riada de Valencia en 1957, la de Bilbao en 1983 y la pandemia de Covid-19, calificándolos como eventos de gran impacto que no pudieron ser evitados.
Competencias compartidas y críticas a la investigación
En el recurso, la defensa de Pradas cuestiona la decisión de atribuirle la condición de investigada en el proceso, que busca determinar responsabilidades penales por 225 homicidios imprudentes, lesiones imprudentes y la desaparición de tres personas. Según el escrito, esta atribución se basa únicamente en su posición como máxima autoridad en el ámbito autonómico, sin considerar que las competencias en la gestión de la emergencia estaban compartidas con otros organismos, como la Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
El documento también señala que el origen principal de la tragedia no radica únicamente en las lluvias, sino en la falta de obras de encauzamiento en el barranco del Poyo, cuya ausencia se atribuye a decisiones de administraciones anteriores. Además, se critica que la investigación se centre en el retraso del aviso del sistema Es-Alert, cuando, según la defensa, la situación era mucho más compleja y multifactorial.
Otro de los puntos destacados en el recurso es la ausencia de protocolos claros para la aplicación del sistema Es-Alert y la falta de coordinación entre los organismos implicados. Según el escrito, no existían procedimientos establecidos para la colaboración entre el sistema de emergencias 112, las autoridades de protección civil y el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Este último, según la defensa, no operaba bajo un mando único, sino que funcionaba con un comité dual de dirección compuesto por Pradas y la delegada del Gobierno, además de un Comité de Seguimiento.
Asimismo, se señala que la responsabilidad de emitir alertas en caso de peligro inminente, como la rotura de presas, recaía en el director del plan de gestión del riesgo de inundación, que en este caso era el director de la CHJ. La defensa considera “disparatado” establecer una relación causal directa entre las acciones de Pradas y las muertes ocurridas, dada la complejidad de los hechos y la participación de múltiples organismos.
Trasladar el caso al ámbito contencioso-administrativo
La defensa de Pradas insiste en que el orden penal no es el marco adecuado para abordar este caso, ya que no se puede establecer una responsabilidad penal clara sin una declaración previa de culpabilidad por delito. En este sentido, se argumenta que el ámbito contencioso-administrativo es el más idóneo para analizar las posibles responsabilidades, evitando así un proceso penal que, según el escrito, sería “hercúleo” por su complejidad, duración y costo, además de generar frustración entre las víctimas.
El recurso también destaca que la investigación de las causas y responsabilidades de la dana ya se está llevando a cabo en el ámbito político, a través de tres comisiones parlamentarias de investigación en el Congreso, el Senado y las Corts Valencianas. Por ello, se solicita el archivo del procedimiento penal y que se dirijan los esfuerzos hacia el ámbito contencioso-administrativo.
Por su parte, el ex secretario autonómico de Seguridad, Emilio Argüeso, también ha presentado un recurso contra el auto que lo cita como investigado. En su escrito, Argüeso solicita que se anule o revoque su citación, argumentando que no existen motivos suficientes para llamarlo a declarar. Además, reclama que se determine la totalidad de las posibles víctimas antes de continuar con el proceso.
La defensa de Argüeso critica que no se haya citado a declarar a la responsable del sistema 112 durante los días de la emergencia, mientras que él, como miembro del Cecopi, sí ha sido incluido en la investigación. Según el recurso, Argüeso no tenía competencias orgánicas ni funcionales para decidir sobre el envío del mensaje Es-Alert, su contenido o el momento de su emisión, que finalmente se realizó a las 20:11 horas.
