La falta de personal psiquiátrico en las cárceles agrava la situación de los presos y aumenta la inseguridad: “Llevo tres semanas sin tomar mi medicación”

En España hay 92 prisiones, frente a la existencia de únicamente dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Alicante y Sevilla. Algunos centros ordinarios cuentan con profesionales de este ámbito, pero muchas personas implicadas coinciden en que no son suficientes. Además, las cárceles no se idean preparadas para estos tratamientos.

El pasado mes de enero, varios medios de comunicación se hicieron eco de una denuncia pública por parte de los funcionarios de la prisión de Valdemoro. Estos trabajadores aseguraron a través del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) que existe una masificación de presos con patologías mentales, lo que supone un peligro para “la integridad de los funcionarios internos”.

Infobae España ha podido contrastar esta información, tras hablar con el Responsable Nacional de Prisiones del CSIF, Jorge Vilas. “Hemos detectado que de manera gradual han ido aumentando las patologías mentales de las personas que ingresan en prisión”, explica. También asegura que la administración penitenciaria no está poniendo los medios adecuados para hacer frente a esta situación.

Jaime cumple su condena en la prisión de Estremera desde 2016. Antes había pasado siete años en la cárcel de Aranjuez, lo que le permite comparar distintos centros y dos épocas separadas. Explica que en Aranjuez había más internos con patologías mentales, pero recibían una mejor cobertura. Sin embargo, en su prisión actual la situación es bien distinta.

“He echado tres estancias para ver al psiquiatra y no me ha visto todavía”, afirma Jaime. Esta situación se ha repetido en más ocasiones con más internos, debido a la saturación de trabajo del equipo sanitario. Asegura que algunos compañeros sufren ataques de ansiedad por la falta de su medicación.

“Llevo tres semanas sin tomar mi medicación”, explica el interno. En estos momentos, Jaime sigue esperando conseguir la cita con el psiquiatra, quien decidirá si debe volver con su medicación o si no la seguirá tomando. “Me la han quitado porque ha caducado, y no me la han renovado”, explica, antes de concluir que no pueden cortarle un tratamiento de 17 años de raíz.

Miguel cuenta su experiencia en Soto del Real, entre 2018 y 2022. Explica que entró en una mala situación psicológica, pero, en su caso, considera que sí que pudo recibir una atención adecuada. “En la cárcel puedes mejorar, puedes empeorar o te puedes quedar como estás, y al menos en Soto del Real tenías esa oportunidad”, afirma.

No obstante, es consciente de que no todas las personas que han pasado por situaciones similares consideran que han recibido una atención correcta. En otras cárceles, cuenta, “no hablan tan bien del tema psiquiátrico”.

Jorge Vilas explica que el CSIF demanda desde hace mucho tiempo la necesidad de abrir nuevos hospitales psiquiátricos para la población penitenciaria. Con dos centros de este tipo, en Sevilla y Alicante, para toda la península, resulta difícil que existan suficientes plazas para todos los internos que necesiten tratamientos.

“Las mal llamadas enfermerías de los centros penitenciarios se están convirtiendo en psiquiátricos encubiertos”, asegura el responsable de prisiones del sindicato. En las cárceles, los equipos sanitarios no cuentan generalmente con psiquiatras y, cuando acuden, lo hacen a modo de colaboración aislada.

Según Vilas, en algunos centros con cerca de 1.000 internos la atención especializada a los presos con problemas mentales se limita a un doctor de psiquiatría que realiza una consulta mensual. Esto coincide con lo que relata Jaime, cuando asegura que se acerca al mes sin haber recibido la medicación necesaria.

La Sociedad Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria realizaron en 2023 un Libro Blanco para analizar la atención psiquiátrica en las cárceles españolas. Allí se encuentra el sorprendente dato de que solo el 22% de los reclusos con altas necesidades de cuidados de su salud mental está ingresado en uno de los dos hospitales psiquiátricos.

Jaime y Miguel, los dos protagonistas que accedieron a las entrevistas para este reportaje, coinciden en “Isla Merced”. Este proyecto pertenece a la asociación EPyV y se encuentra en Casarrubuelos. Su directora, Susana, aporta una de las ideas más importantes para comprender la situación de las prisiones, que es que los problemas que están presentes en la sociedad se desarrollan de forma más grave en las prisiones.

Para empezar, señala que “hay muchos internos con problemas de adicciones” que pueden provocar el desarrollo de trastornos psicológicos. “En la sociedad se está dando un crecimiento de trastornos mentales, en las cárceles esto se acentúa más”. Además, muchos de ellos provienen de entornos complicados, donde las situaciones vitales complejas facilitan el desarrollo de estos problemas.

En las prisiones existe el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales en centros penitenciarios (PAIEM). Por tanto, sí que hay un proyecto destinado a tratar los problemas psiquiátricos. Sin embargo, como dice Susana, la diferencia está en cómo de potenciado esté el programa en cada centro.

Las consecuencias también se desarrollan más allá de las rejas. Muchos reclusos que reciben este programa dentro, dejan de tener una asistencia psicológica una vez salen en libertad. En lugares como “Isla Merced” también lo sufren, con episodios de síndromes de abstinencia (“mono”) muy complicados que han provocado “auténticos dramas”.

Tanto Susana como Mari Carmen, otra de las trabajadoras sociales que llevan este centro, concluyen que el problema es la falta de medios. Aseguran que en muchas prisiones tan solo existen uno o dos psiquiatras, lo que ralentiza y complica todos los procesos.

Este problema no es exclusivo de la atención psiquiátrica. En las cárceles en las que suele trabajar la asociación EPyV, las de Aranjuez, Navalcarnero y Estremera, estas especialistas consideran que existe una falta de medios gigantesca. “La falta de médicos o de otros sanitarios también se va acentuando en los centros penitenciarios”, afirma Susana.

Según la Encuesta sobre Salud y consumo de Drogas en Internados en Instituciones Penitenciarias de 2022, financiada por el Ministerio de Sanidad, el 34,8% de los presos había sufrido en algún momento un trastorno mental o emocional. Es decir, más de una tercera parte de las personas internadas en las cárceles habría necesitado un tratamiento mental en alguna etapa de su vida.

Jorge Vilas también destaca este porcentaje. Tanto el miembro del sindicato como la trabajadora social coinciden en que el origen de muchos de los trastornos se encuentra en entornos complicados o en la drogodependencia. Según los datos de esta encuesta, 7 de cada 10 internos reconocen haber consumido drogas en libertad, aunque solo 2 de cada 10 afirman haberlo hecho en su último mes dentro de la cárcel.

Otro de los datos más sorprendentes de este informe es que el 32,2% de los internos en centros penitenciarios dice haber tenido pensamientos suicidas. El porcentaje de suicidios en las cárceles es mucho mayor que en la población general, y es el principal motivo de muerte entre rejas.

Por todo ello, los entrevistados coinciden en el diagnóstico de la solución: más medios en las prisiones convencionales o más hospitales psiquiátricos.