Tras varios meses de negociaciones, este martes el PSOE llegaba a un acuerdo con Junts per Catalunya para reformar la Ley de Extranjería para repartir a los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas y así aliviar la saturación de los centros en Canarias, que en la actualidad tutela a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes. Así, el Gobierno ha aprobado por decreto la modificación del artículo 35 de la mencionada norma, haciendo obligatorio el reparto cuando se multiplique por tres la “capacidad ordinaria” de un territorio. Una decisión criticada por el PP, que ha advertido que no acogerá a los menores migrantes si el Gobierno no les da medios. Algunas autonomías donde gobierna esta formación ya han anunciado que recurrirán a la justicia.
El real decreto con el que el Gobierno pretende trasladar a unos 4.400 niños y niñas desde Ceuta y Canarias da de plazo a las regiones hasta el 31 de marzo para que aporten el número de menores acogidos. A partir de esos datos, y teniendo en cuenta criterios como la población, la renta per cápita y la tasa de paro de cada autonomía, se procedería al reparto, si bien aún quedan detalles por concretar para poder también definir la financiación que recibirá cada región.
A la espera de conocer esos detalles, y más allá de los choques entre diferentes administraciones por el número que deberán acoger, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional se muestran preocupadas por la situación de esos menores no acompañados y por cómo va a funcionar en la práctica el nuevo decreto, que ya entró en vigor este 20 de marzo, aunque deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
“Hay cuestiones que no quedan claras en el real decreto en cuanto a cómo se van a respetar los derechos de los niños y las niñas o su protección mientras están en ese periodo en el que puedan ser reubicados en otras comunidades autónomas”, explica a Infobae España Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior en Amnistía Internacional. Además de garantizar ese reparto, “el Estado español, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, debe garantizar que esos niños y niñas son acogidos de manera digna y que sus derechos son respetados, incluyendo también el derecho a pedir asilo y a que se detecte si tienen algún tipo de vulnerabilidad”, añade.
En esa misma línea se han pronunciado diferentes organizaciones de infancia que, si bien valoran positivamente que se tomen medidas para solucionar “la situación de desamparo” que sufren las niñas y niños que llegan a España sin sus familias, también temen que el real decreto “no sea suficiente para garantizar una acogida digna y respetuosa con los derechos de la infancia”, señala Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.
Los menores no pueden formar parte del “juego político”
Por su parte, Amnistía Internacional pide que estos menores “dejen de estar en el juego político”, de manera que apelan a la responsabilidad de las autonomías para que “no alimenten discursos racistas y xenófobos que solo les generan una mayor situación de mayor vulnerabilidad”. Sin ir más lejos, en la sesión de control en el Congreso del miércoles, el líder de Vox, el ultraderechista Santiago Abascal, tildó el reparto de “ruina” y volvió a vincular a los menores extranjeros no acompañados con la inseguridad sin pruebas oficiales, pero alentando así el miedo.
Desde Amnistía Internacional también defienden que España, un país de 48 millones de habitantes, tiene capacidad más que suficiente para acoger a esos cerca de 4.400 menores migrantes, que en su mayoría se ven obligados a huir de sus países a causa de la violencia, los conflictos o la pobreza extrema, entre otras razones. Pese al riesgo que corren, optan por echarse al mar solos en embarcaciones precarias con el objetivo de buscar un mejor futuro y poder ayudar a sus familias.
Acoger a 4.400 chavales “es perfectamente asumible” para el Estado español, afirma Álvarez, pero el problema es que el fenómeno migratorio “se está utilizando de manera muy peligrosa, especialmente la situación de estos niños y niñas como parte del juego político”. En ese sentido, la experta recuerda que “cuando ha habido voluntad de acoger y de solidaridad, ha funcionado perfectamente”, tal y como se hizo dando protección a miles de personas ucranianas que huyeron de la guerra cuando en febrero de 2022 Rusia invadió su país. Por lo tanto, asegura, “aquí el problema es otro”.
“No es que no haya capacidad para acoger a 4.400 menores, el problema es que no hay voluntad política y es muy peligroso alentar discursos xenófobos y crear una situación de inseguridad y miedo inexistente”, insiste la experta. “Lo que tiene que haber es voluntad de colaborar y de crear las condiciones adecuadas”.
Denuncias de malos tratos y otros fallos en los centros de Canarias
Amnistía Internacional considera fundamental la corresponsabilidad de las autonomías y el traslado de los menores a la península, pero también advierte que se deben resolver los problemas ya detectados en los centros de Canarias donde actualmente están alojados.
De hecho, la ONG acaba de publicar un informe en el que señala las denuncias de malos tratos y la saturación en los centros de acogida como algunas de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. También insiste en otras vulneraciones, como fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo cuando cumplen la mayoría de edad, y reclama la identificación adecuada a menores con necesidades especiales.
“No solo se trata de reubicar niños y niñas en otros lugares. Hay que establecer los mecanismos para garantizar sus derechos, porque no se pueden reproducir condiciones indignas en otras comunidades autónomas”, sostiene Álvarez. Las autonomías “tienen el deber de documentarlos y darles herramientas para que puedan continuar su vida adulta” cuando alcancen la mayoría de edad. Se trata de cumplir, en definitiva, “con lo establecido en la legislación española” para integrarles en la sociedad, concluye la activista.
Cataluña y País Vasco acogerán menos menores migrantes
Según las últimas estimaciones del Gobierno, publicadas en octubre del año pasado y basadas en cifras de acogida de menores de cualquier nacionalidad, las únicas comunidades que acogían a jóvenes por encima de lo que les correspondía según su población —además de Canarias, Ceuta y Melilla— eran Cataluña (+1.065), País Vasco (+498) y Navarra (+85). Debido a que han acogido a un mayor número de menores migrantes y han aumentado el número de plazas en los centros en los últimos años, ha explicado el Ejecutivo, esas regiones recibirán ahora menos chavales que el resto.
De acuerdo a la información que se desprende del real decreto ley, el Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas únicamente cuando acojan a más menores de los que les corresponde por población, y lo hará con un fondo dotado este año con 100 millones de euros.
