El Gobierno tiene entre sus retos más inmediatos la aprobación del nuevo impuesto al diésel, uno de los hitos comprometidos con Bruselas para acceder a los 23.900 millones del quinto pago del plan de recuperación. Pese a la intención, el Ejecutivo se da de bruces con la dificultad de no tener números en el Congreso para sacar adelante una medida que, de aplicarse, supondría “un incremento de 11 céntimos por litro de gasoil, unos 100 euros al año con un uso medio del coche”, según la Organización de Consumidores y Usuarios.
Esta propuesta ya fue rechazada en el Congreso, en el marco de la reforma fiscal aprobada a finales de 2024. Y, antes de acabar el año, el Ejecutivo amagó con incluirla en un decreto ómnibus con la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, pero finalmente la dejó fuera. De cara a la negociación en el Congreso, Podemos se ha mostrado dispuesto a apoyar la equiparación del precio del diésel al de la gasolina, pero la condiciona al gravamen permanente sobre las compañías energéticas, que decayó en la Cámara Baja por el rechazo de Junts y PNV.
El Gobierno tiene de margen hasta el 11 de abril para tratar de impulsarla después de que la Comisión Europea concediera una prórroga para cumplir con todos los hitos y objetivos para el quinto pago del plan de recuperación. En concreto, forma parte de las reformas comprometidas en “ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo”.
Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señalan que este acuerdo “entra dentro de la práctica habitual en los procesos de evaluación que está realizando la Comisión Europea, como hemos visto también en los casos de Francia, Italia y Croacia, recientemente”.
En este caso, además, el departamento de Carlos Cuerpo recuerda que “se trata de 84 hitos y objetivos por evaluar en total, que representan en torno al 15% de nuestro plan”. De ellos, 55 fueron adelantados al estar contemplados en futuros desembolsos de préstamos. “Por tanto, la evaluación tiene una complejidad añadida que explica que se haya tomado esta decisión, en todo caso, ya cotidiana en estos procesos”, rematan fuentes de este ministerio.
El Gobierno, pesimista con la reforma
“Tenemos un mes para seguir trabajando con la Comisión sobre los hitos y objetivos, sabiendo que hemos avanzado hitos que estaban mucho más adelante en la agenda y, por otro lado, a nivel nacional, trabajar para poder conseguir ese impuesto al diésel que es tan importante”, apuntó recientemente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Pese al optimismo mostrado por la dirigente socialista para aprobar a tiempo la subida del impuesto sobre el diésel, en Hacienda lo ven “muy complicado”. En ese caso, no se atreven a aventurar cuál será el siguiente escenario. Si no sale adelante la reforma prevista, el Ejecutivo comunitario tiene en su mano la capacidad de recortar parte del pago y congelar los fondos correspondientes al incumplimiento de este hito.
