El Gobierno ejerce de árbitro en el conflicto desatado en el seno de la pelota vasca, que enfrenta a la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) con la Federación Española de Pelota (FEPelota). El origen se remonta al reconocimiento de la Selección de Euskadi de Pelota, que sumado a la modificación de la Ley del Deporte, podrá defender la camiseta del País Vasco en competiciones oficiales.
La primera de ellas es la Liga de Naciones, en la localidad de Gernika-Lumo, cuyo inicio está previsto el próximo 31 de mayo, aunque con la duda de si la federación española estará presente. Y es que, esta corre el riesgo de ser expulsada de la FIPV este mismo jueves.
Según detallan fuentes del Ministerio de Deportes a Infobae España, “llevamos varias semanas de reuniones con la federación internacional, la española y la vasca”, añaden para enfatizar en la búsqueda de soluciones. De hecho, este mismo miércoles habrá otra nueva reunión para evitar que la sangre llegue al río.
La ley otorga al Gobierno la última decisión
En este sentido, las fuentes cercanas al departamento liderado por Pilar Alegría ponen el foco en las “alternativas” que ofrece la ley del Deporte, aprobada en 2022, para actividades deportivas autóctonas, como la pelota vasca, la pilota valenciana, la lucha canaria. “Y ahí se está trabajando con las tres federaciones”, apostillan voces del ministerio del ramo.
Durante la tramitación de la norma, un acuerdo entre el PNV y el PSOE abrió la posibilidad de reconocer la oficialidad de las selecciones autonómicas. El artículo 48 de la ley recoge que, “para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico se integrarán necesariamente en las respectivas federaciones deportivas españolas”. Además, “la integración implicará la aceptación de la normativa interna de las federaciones deportivas españolas. El hecho de la integración no supondrá obligación de contenido económico por este concepto”.
Si bien, la ley permite a las federaciones deportivas autonómicas “participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva Comunidad Autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente”.
En esos supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales queda en manos del Gobierno, ya que “se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes”. “Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación autonómica en la federación internacional”, añade el texto.
Denuncia de la federación española
Precisamente, el Consejo Superior de Deportes trata de encontrar una solución después de que la Federación Española de Pelota iniciara acciones legales contra el “atropello nacionalista de Euskadi” –en sus palabras– perpetrado por la Federación Internacional de Pelota Vasca al reconocer de manera oficial a la Federación vasca y a la selección de Euskadi de cara a competiciones internacionales.
La organización liderada ahora por Javier Conde recurrió tanto ante la justicia ordinaria como ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) los acuerdos asamblearios adoptados el pasado 28 de diciembre, en la que España y Cuba fueron vetados a la hora de votar el reconocimiento de la selección de Euskadi como miembro de la Federación Internacional de Pelota Vasca.
Según denunció en un comunicado la federación española, “el procedimiento incluyó la exclusión irregular de España mediante sanciones disciplinarias apresuradas” al entonces presidente de la Junta Gestora de la Federación Española, Julián García, “incumpliendo la propia normativa de la FIPV, lo que permitió aprobar acuerdos que, de otro modo, hubieran encontrado una fuerte oposición e imposibilidad de facto de aprobarse”.
Conde, el actual presidente, admitió en unas declaraciones a Marca que el CSD le pidió que “paralice la impugnación en el TAS y acepte una mediación”, pero aclaró: “Si el TAS dice que los acuerdos aprobados por la FIPV el 28 de diciembre se ajustan a la ley lo aceptaremos y no habrá problema alguno”, declaró el presidente ante un conflicto que amenaza con la expulsión de su organización de la FIPV este mismo jueves.
