La violencia contra los agentes de la Guardia Civil ha experimentado un alarmante aumento en los últimos dos años. En 2024, las agresiones a los agentes alcanzaron un total de 1.404 casos, lo que supone un incremento del 18% con respecto al año anterior y marca un récord histórico en la serie, de acuerdo a los datos oficiales dados a conocer por la asociación Jucil. Esta cifra refleja un aumento también en comparación con los 1.051 casos registrados en 2021 y los 1.193 de 2022.
Estas cifras, aseguran desde Jucil, muestran una preocupante escalada de la violencia, que ha obligado a muchos agentes a ser atendidos por los servicios médicos debido a las lesiones sufridas durante sus jornadas laborales. Las situaciones de agresión no solo afectan a la moral de los agentes, sino que también incrementan los riesgos asociados a su trabajo diario, que ya de por sí es de alto peligro.
En este sentido, la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de Jucil, Melisa Carmona, ha señalado que urge abrir un debate en torno a la necesidad de endurecer las penas por delitos contra los agentes de la autoridad. Carmona ha enfatizado que es esencial que los miembros de la Guardia Civil sean reconocidos oficialmente como una “profesión de riesgo”, tal y como ocurre con las policías autonómicas y locales. Este reconocimiento, según Carmona, “es fundamental para asegurar una mayor protección y dotación de medios para los agentes, que puedan desempeñar su labor en condiciones más seguras y dignas”.
Necesidad de nuevo equipamiento
De igual manera, Jucil ha instado al Gobierno a implementar medidas adecuadas para prevenir estas situaciones. La asociación reclama una serie de recursos y herramientas para que los agentes puedan ejercer su labor con mayor seguridad. Entre las demandas más destacadas se encuentran la dotación individual de defensas extensibles, pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla y cámaras unipersonales.
Asimismo, las reclamaciones incluyen trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo y chalecos antibalas individuales ya que, según afirman desde Jucil, actualmente se comparten y no siempre se ajustan a las necesidades de cada agente. Además, la asociación ha solicitado fundas de pistola antihurto y la modernización de los vehículos utilizados por los guardias civiles.
Una de las peticiones más urgentes tiene que ver con la mejora de los protocolos de seguridad en el servicio. La entidad considera esencial establecer normas más estrictas para la custodia de detenidos y evitar que un único efectivo tenga que patrullar solo, una medida que podría reducir considerablemente los riesgos a los que se enfrentan los agentes en el terreno. “Es imprescindible que el Gobierno actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes”, ha subrayado Carmona.
A pesar del incremento de las agresiones físicas, los atentados con armas contra los agentes han disminuido: en 2024 se registraron 36 casos, lo que supone una caída del 23% respecto al año anterior. Esta disminución podría reflejar un cambio en la naturaleza de los ataques, que se están volviendo más físicos y menos armados, lo que agrava la vulnerabilidad de los agentes en el cumplimiento de su labor, explican desde Jucil.
