Un menor involucrado en la muerte de la educadora social de Badajoz intenta agredir a otra cuidadora

El juez ya ha sido informado y el menor ya se encuentra en aislamiento

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10/03/2025 El piso tutelado donde
10/03/2025 El piso tutelado donde tres menores han asesinado a una educadora social, en la calle Castillo de Benquerencia de la urbanización Guadiana, a 10 de marzo de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). Los tres menores, dos chicos y una chica han sido detenidos en Mérida por la 'muerte violencia' de una educadora social de 35 años. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. SOCIEDAD Andrés Rodríguez - Europa Press

Hace poco más de una semana del asesinato de María Belén Cortés Flor, una educadora social de 35 años en la ciudad de Badajoz, a mano de tres menores (14, 15 y 17 años) que posteriormente huyeron con su coche.

Ahora, el menor de 15 años ha sido acusado de intentar agredir a una cuidadora en el Centro Marcelo Nessi, ubicado en la misma ciudad. El joven fue trasladado a este centro por orden judicial y a petición de la Fiscalía

El incidente tuvo lugar este fin de semana, coincidiendo con un motín en el centro de internamiento. Según las fuentes del caso, el menor habría tratado de golpear a la educadora, aunque la agresión no llegó a finalizarse gracias a la intervención de un vigilante de seguridad, que logró reducir al menor.

Aunque la cuidadora no sufrió daños físicos ni lesiones, actualmente se encuentra afectada anímicamente por lo sucedido. “Estamos solicitando que se refuerce la seguridad del centro”, ha explicado Miguel Ángel González, portavoz del sindicato USO (Unión Sindical Obrera).

Los educadores sociales están cansados

Los trabajadores sociales, y en particular, los educadores sociales, están cansados de sus condiciones laborales, caracterizadas por salarios bajos, contratos precarios y amenazas constantes. La reciente muerte de María Belén ha desatado una ola de indignación en el sector, que en los días 13 y 14 marzo organizaron varias concentraciones en diferentes puntos del país.

Así, varias compañeras han iniciado una recogida de firmas para exigir “más medios y más seguridad”. Una iniciativa que ha recogido más de cien mil firmas y que ya ha sido presentada en el Ministerio del Interior.

En declaraciones a este diario, Esther, con años de experiencia en centros de menores, relata un panorama desolador: “Agresiones, miles. Trabajé en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, en el que por las noches éramos seis profesionales para 50-60 menores. Durante el día siempre había menos personas porque decían no conseguir personal”.

“El primer día de trabajo me amenazaron con un cuchillo. Con el tiempo, perdí la cuenta de las agresiones físicas que he recibido. Pero lo peor es que a nadie parece preocuparle nuestra seguridad. Nos mandan a la trinchera sin protección, como si fuera parte del trabajo”. Este es uno de los testimonios recogidos por Infobae España a través de la plataforma Eduso TV, un servicio de los colectivos de Educadores Sociales.

Contratos precarios y ley del menor

Del mismo modo, Alicia, representante de la Comunidad de Madrid para la concentración del jueves 13, denuncia que “no se respetan los convenios”. “Belén estaba contratada como auxiliar, siendo educadora social. Yo estoy contratada como cuidadora, siendo integradora social…”, explica Alicia.

Por otro lado, César Frías Ramos, otro educador social de Sevilla y representante de Eduso TV, reflexiona sobre la Ley del Menor en España, que cumple 25 años. “Su vigencia sigue siendo motivo de debate al enfrentarse a los cambios en los tipos de delitos juveniles, como la violencia filio-parental y de género”, explica.

En los centros de protección, destinados a menores en situación de desamparo, la falta de seguridad es un problema grave. “Un educador trabajando solo o un auxiliar en turno se enfrenta a situaciones peligrosas, incluso sin haber sido adecuadamente formado para gestionarlas”, señala el educador social.

En el caso de los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), “las limitadas plazas generan retrasos y redistribuciones que afectan al funcionamiento del sistema”.