La denuncia de varios oncólogos por las presiones que sufren para no recetar tratamientos contra el cáncer según su precio ha hecho saltar las alarmas en el sector sanitario. Según ha publicado el diario ABC, una intermediaria utilizada por aseguradoras como DKV, Sanitas, Adeslas o Cigna llamada Atryl Health-Bienzobas está presionando a los especialistas que trabajan en estas compañías privadas para que no prescriban a sus pacientes los tratamientos de precio más elevado que son de uso común en la sanidad pública.
El diario ABC habría tenido acceso a decenas de informes que intercambian los médicos con “asesores oncológicos” de Bienzobas, a quienes piden permiso para que se autorice la medicación que consideran más adecuada. Aquellos denominados de “alto impacto” son rechazados por los asesores, que busca rebajar los costes de las aseguradoras en oncología. Ocurre con tatamientos como los anticuerpos monoclonales (Avastin o Panitumumab), pese a que su uso esté extendido en la sanidad pública.
El sindicato CSIF, representante de los trabajadores públicos, ha mostrado su preocupación por la información revelada por ABC este lunes, que podrían cebarse especialmente con los funcionarios dentro del colectivo de Muface. Los mutualistas (titulares) y sus familiares (beneficiarios) deben elegir al inicio de cada año si desean una asistencia sanitaria pública o privada. Actualmente, 1.080.394 titulares y beneficiarios optan por ser tratados a través de aseguradoras privadas, entre las que hasta ahora se encontraba DKV, señalada por las informaciones de ABC.
Si a estos funcionarios se les rechaza un tratamiento contra el cáncer, no pueden acudir directamente a la sanidad pública, sino que debe esperar un año para cambiar su elección o iniciar un proceso extraordinario de cambios, que es complejo y lento. En esta misma situación se encontrarían los 92.270 funcionarios del Ministerio de Justicia asistidos por Mugeju, y los 538.773 beneficiarios de las Fuerzas Armadas, atendidos en Ifsas, según los últimos datos de octubre de 2024.
CSIF ha pedido al Gobierno “que investigue y actúe de manera inmediata para aclarar esta situación y, en su caso, depurar responsabilidades”. “Queremos saber si hay diferencias entre los tratamientos oncológicos que se aplican en las mutuas de funcionarios y los de la sanidad de las comunidades autónomas”, ha añadido el sindicato, que asegura haber recibido varios mensajes de “mutualistas alarmados” por esta situación.
Sanidad critica la selección de riesgos de las aseguradoras
La noticia ha indignado a los representantes del Ministerio de Sanidad, que han defendido al Sistema Nacional de Salud como el lugar “donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos”. Así se ha expresado la ministra, Mónica García, en su perfil de Twitter (ahora X), donde ha afirmado “que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio“.
Por su parte, el secretario de Estado, Javier Padilla, ha valorado que Bienzobas “intenta evitar la prescripción de medicamentos de alto coste para que esos pacientes sean derivados al lugar en que esos medicamentos sí se están dando, que es la sanidad pública”. Se trata de una crítica ya expresada por parte del ministerio en el último año, especialmente a raíz del conflicto con la renovación de Muface.
En su informe Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, Sanidad señalaba además que “las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos”, que empuja a los asegurados con condiciones graves, como el cáncer, “a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”.
"En el momento en el que colisionan la salud, los intereses de las empresas privadas con ánimo de lucro y la existencia de tratamientos de alto valor en ámbitos como el cáncer, estas prácticas van a seguir produciéndose", ha aseverado Padilla, especialmente “cuando hay una sanidad pública que acaba siendo siempre la red de seguridad” para estos pacientes.
La Sociedad Española de Oncología Médica abre una investigación
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se ha mostrado también “preocupada” por estas informaciones. La organización ha asegurado que desde su Grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada recopilarán toda la información disponible para proteger a los facultativos oncológicos “en su libertad de prescripción basada en las mejores evidencias y guías, así como en los derechos de los pacientes a recibir el mejor tratamiento”.
Su presidente, César A. Rodríguez, ha criticado la “falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada”, donde “la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente”.
