El viernes 14 de marzo se cumplieron 5 años de la declaración del primer estado de alarma en España. Por aquel entonces, el coronavirus afectaba a miles de personas en el país y empezaba su primer ascenso. El covid-19 acabaría con la vida de más de 130.000 personas en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Fueron los sanitarios quienes dieron la cara frente a una enfermedad desconocida y en un inicio incontrolable. Cinco años después, varios sindicatos y asociaciones han denunciado que las promesas de mejora tras la pandemia no se han cumplido y han quedado en “papel mojado”.
Han sido el sindicato de enfermería SATSE y el Consejo General de Enfermería (CGE) quienes han expresado las quejas a través de sendos comunicados, donde aluden que los más de 200 compromisos adquiridos en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país “han sido olvidadas por los responsables públicos y políticos”, según el sindicato.
Una financiación insuficiente
Entre los compromisos adquiridos en el dictamen final de la comisión se encontraba “adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales”. La resolución proponía el “aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea”, fijado en el 7,7%, según el último Eurostat.
En 2020, España incrementó el gasto público en salud hasta el 7,5% del PIB, pero lo redujo en los años siguientes: “ya en 2021 bajó al 7,2 y al 6,8 en 2022″, denuncia SATSE. El Ministerio de Sanidad, en cambio, cifra el gasto sanitario total en el 10% del PIB español en 2022.
Abandono de la atención primaria
“Necesitamos una Atención Primaria estable, firme y robusta”, reclamaba hace cinco años la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Pero cinco años después, los centros de salud están “completamente desmantelados” en muchos lugares, denuncia el CGE. “Es imprescindible que se hagan planes autonómicos para evitar esta situación y hay que hacerlos ya, a corto plazo. No vale trabajar a futuro, porque el presente ya está aquí”, reclama su presidente, Florentino Pérez Raya.
La OMS recomienda que al menos el 25% del presupuesto sanitario se destine a la atención primaria, pero ninguna de las comunidades autónomas alcanza este porcentaje, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). En 2024, fue Extremadura la que más invirtió en sus centros sanitarios, a los que destina el 18,58 % de su presupuesto de Salud.
La falta de recursos financieros dificulta la contratación de personal, algo que certifica el propio Ministerio de Sanidad en su evaluación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria (PAPyC) de 2021. En su informe, afirma que “el Sistema Nacional de Salud enfrenta una notable escasez de profesionales, especialmente en Pediatría y MFyC (Medicina Familiar y Comunitaria)″, sobre todo en “zonas rurales, insulares y dispersas”.
El covid persistente como enfermedad laboral
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se ha unido a las reclamaciones en el aniversario de la pandemia del covid. La organización ha recordado que “cinco años después de la pandemia, el Gobierno sigue sin reconocer el Covid persistente como enfermedad profesional para el personal de la sanidad”, patología que padecen cerca de dos millones de personas en España, según estimaciones de la OMS.
CSIF logró en mayo de 2021 la primera sentencia en España que reconocía esta condición a un auxiliar administrativo contagiado mientras trabajaba para la sanidad de Castilla-La Mancha, pero el reconocimiento no ha avanzado desde entonces.
Ratios de enfermeras
El déficit de enfermeras en España sigue siendo uno de los más alarmantes de la Unión Europea, con una ratio de 6,3 profesionales por cada mil habitantes, muy por debajo de la media europea de 8,8. El Ministerio de Sanidad ha reconocido esta carencia en sus informes, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema. Sin embargo, en lugar de ofrecer condiciones laborales atractivas para retener a los profesionales formados en España, muchas administraciones permiten que estos emigren a otros países en busca de mejores oportunidades. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo, calificó esta situación como “inadmisible”, subrayando que España cuenta con una de las mejores formaciones en enfermería, pero no logra ofrecer condiciones dignas para que los profesionales ejerzan en el país.
El Sindicato de Enfermería SATSE lleva años impulsando una Ley de ratios de enfermeras, actualmente en debate en el Congreso, que busca establecer un número seguro y adecuado de pacientes por cada profesional de enfermería. El sindicato lamenta la falta de voluntad política para agilizar la aprobación de esta normativa, que consideran esencial para mejorar la calidad de la atención sanitaria y las condiciones laborales de las enfermeras. La ausencia de una ratio adecuada no solo afecta a los pacientes, sino que también incrementa la carga de trabajo y el estrés de los profesionales, lo que contribuye a la precarización del sector.
Además del déficit de personal, SATSE denuncia que las condiciones laborales de las enfermeras no han mejorado significativamente en los últimos años. Entre las problemáticas señaladas, destacan los entornos laborales poco seguros, los recortes en las pagas extraordinarias y las dificultades para conciliar la vida profesional y personal. Estas condiciones, lejos de atraer a nuevos profesionales, contribuyen a la fuga de talento hacia otros países con mejores propuestas laborales.
