En España, la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatoria desde 2023 para municipios con más de 50.000 habitantes, ha generado dudas y controversias, especialmente en lo que respecta a los vehículos con etiqueta B de la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque la normativa busca mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico, su aplicación ha sido desigual y, en muchos casos, insuficiente. De las 151 ciudades que deberían haber adoptado estas medidas, solo 51 han activado algún tipo de restricción, lo que representa apenas un tercio del total.
La Ley 7/2021 sobre cambio climático y transición energética, establece la obligatoriedad de estas zonas, pero no detalla un protocolo uniforme para su implementación. Esto ha dejado a cada municipio la responsabilidad de definir las medidas específicas, lo que ha derivado en una gran disparidad en las restricciones aplicadas. Esta falta de homogeneidad ha sido motivo de queja por parte de las ciudades, que han señalado la ausencia de directrices claras por parte del Gobierno central.
Un mapa de restricciones desiguales
El Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico ha elaborado un mapa que recoge las ciudades que actualmente cuentan con una ZBE activa. Este recurso resulta esencial para los conductores que planean desplazarse a municipios con estas restricciones, ya que las normativas varían significativamente entre localidades. Algunas ciudades han optado por medidas más estrictas, mientras que otras apenas han comenzado a implementar cambios.
La etiqueta B, asignada a vehículos de gasolina matriculados entre 2001 y 2005 y a diésel entre 2006 y 2014, es una de las categorías más afectadas por estas restricciones. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio unificado ha generado incertidumbre sobre si estos coches podrán circular libremente en las grandes ciudades o si enfrentarán limitaciones más severas en el futuro.
A día de hoy son solo 17 las ciudades que ya cuentan con una ZBE en funcionamiento. Se trata de La Línea de la Concepción, Sevilla, Córdoba, Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Plaza Elíptica, Madrid Distrito Centro, Zaragoza, Pamplona/Iruña, Pontevedra, Coruña Ciudad Vieja, Coruña La Marina, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Badalona, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià del Besòs.
Además hay otras 95 que ya están en trámites de aprobación. Sin embargo existen todavía 18 municipios que ni siquiera han iniciado los trámites para la creación de una ZBE. Entre ellas se encuentran Tres Cantos y Valdemoro, en Madrid; Ferrol, en A Coruña; Motril, en Granada; y Barakaldo en Bizkaia.
El desafío de cumplir con la normativa
La normativa, que entró en vigor hace dos años, tenía como objetivo principal reducir la contaminación en las áreas urbanas más pobladas. Sin embargo, la realidad es que muchas ciudades aún no han cumplido con esta obligación.
La falta de cumplimiento no solo afecta la calidad del aire, sino que también genera confusión entre los conductores, especialmente aquellos con vehículos que portan la etiqueta B. La ausencia de un plan nacional claro ha dejado a los municipios con la tarea de decidir cómo aplicar las restricciones, lo que ha resultado en una implementación desigual y, en muchos casos, insuficiente.
La incertidumbre sobre las restricciones para los vehículos con etiqueta B no solo afecta a los conductores, sino que también tiene implicaciones para el medio ambiente. La falta de medidas homogéneas dificulta la evaluación del impacto real de las ZBE en la calidad del aire. Además, la disparidad en las normativas puede desincentivar a los conductores a adoptar prácticas más sostenibles, como el uso de transporte público o la transición a vehículos eléctricos.
