La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, está a la espera de recibir un impulso en el Congreso. La aprobación de esta modificación no es cerca, pero tampoco más lejos que en las anteriores legislaturas, cuando los intentos que precedieron a este último cayeron en saco roto por los adelantos electorales y la falta de acuerdo entre las izquierdas.
Según confirman varias fuentes parlamentarias, los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y las formaciones favorables a la reforma han retomado los contactos para estudiar las enmiendas y tratar de encontrar puntos de encuentro de cara a abrir la fase de ponencia en el seno de la Comisión de Interior. “Hasta ahora ha habido diversas reuniones cruzadas, bilaterales y multilaterales, pero son reuniones técnicas”, concretan estas voces.
Según explican desde el grupo plurinacional de Sumar, el objetivo de estas reuniones, similares a las que ya hubo la legislatura pasada, es “acercar posturas entre los grupos que realmente están interesados en derogar los contenidos más lesivos de la ley mordaza del PP y evitar que cuando empiece la fase de ponencia no llegue hasta el final, como la pasada legislatura”.
El pasado mes de octubre, el Gobierno y EH Bildu acordaron modificar la polémica ley de seguridad ciudadana, impulsada por Mariano Rajoy en 2015 y objeto de rapapolvos por parte de diferentes organizaciones y organismos internacionales (la ONU o la Comisión de Venecia han exigido acabar con las vaguedades y la arbitrariedad de esta norma).
En concreto, pactaron desencallar las cuatro cuestiones que aún estaban pendientes y que, esta vez sí, “supondrán acabar con la ley mordaza”, como defendieron desde el partido abertzale. Estas son: poner fin al uso de pelotas de goma como material antidisturbios, regular las faltas de respeto a los agentes y las multas por desobediencia, e impedir las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.
Si bien, pese al consenso logrado en esta legislatura entre el Gobierno, PNV, ERC y EH Bildu, los recelos de Junts y Podemos impiden despejar el horizonte. Ambas formaciones admitieron la toma en consideración de la ley y rechazaron, junto al bloque de la investidura, los vetos de PP y Vox, pero han sido muy críticas con el texto presentado. Los morados afean que la propuesta legislativa es una “reforma parcial” de la ley, mientras que Junts no acepta “el chantaje de la adhesión total o nada”.
Prohibir las pelotas de goma
En Junts se han mostrado bastante críticos con la reciente regulación turística (el registro en actividades como la hostelería y el alquiler de vehículos) impuesta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el conocido Marlaskazo, que “deja corta la ley del PP en vulneración de derechos y supone una intromisión inaceptable en la intimidad de la persona”, tal como cuestionó el diputado posconvergente Josep Pagès.
Asimismo, el parlamentario advirtió que su formación pondrá “todas las prevenciones ante una propuesta que sigue permitiendo la criminalización de la protesta democrática, trasladando la responsabilidad de las acciones de los manifestantes a los organizadores de las manifestaciones”.
Junts y Podemos, además del BNG, exigen también dar un paso más en el apartado que contempla la sustitución progresiva de las pelotas de goma “por medios menos lesivos”. “Se prohíbe el uso de las pelotas de goma. En fecha 31 de diciembre de 2025 será efectiva su prohibición total. El nuevo modelo de actuación gradual y mixto deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”, recoge la enmienda registrada por Junts.
El partido independentista entiende que el actual redactado “no establece la prohibición de las balas de goma, ni tampoco se establece un plazo para que esta se ejecute. Únicamente hay una remisión al desarrollo de protocolos sobre el uso de materiales antidisturbios y una retórica apelación a una sustitución progresiva de las balas de goma por otros instrumentos menos lesivos. Se trata de una redacción ambigua, que no supone compromiso alguno y que remite a una ‘sustitución’ que no garantiza evitar los peligrosos de las balas de goma”, justifica el partido de Carles Puigdemont.
Por otro lado, la formación de Ione Belarra fija otra línea roja: acabar con las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Por ello, piden derogar directamente “la Disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social relativa al régimen especial de Ceuta y Melilla”.
Cabe recordar que el acuerdo incluye que se aborde la problemática de las devoluciones en caliente “desde una perspectiva humanitaria”. Esto conllevará la reforma de la ley de extranjería en el plazo máximo de seis meses, “estableciendo como criterios para la modificación el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”, señala el pacto. Si bien, en palabras de la diputada de Podemos Martina Velarde, trasladar esta cuestión a la reforma de la ley de extranjería “se llama echar ‘patá p’alante’”, es decir, “se llevará a cabo o no, ahí está la duda”, tal como afeó desde la tribuna.
De cara a este nuevo proceso de negociación, y aunque todavía “no hay gran novedad”, según coinciden varias fuentes contactadas por este medio, desde el espacio liderado por Yolanda Díaz advierten de que “puede que no haya otra oportunidad para acabar con esta ley” y llaman a no anteponer los “intereses partidistas o electorales por encima del interés general”.
