La contratación en origen es un mecanismo regulado por la legislación española que permite la incorporación de trabajadores extranjeros desde sus países de residencia para cubrir ofertas laborales específicas en España. Este procedimiento es gestionado colectivamente y está destinado a asegurar una migración laboral legal, ordenada y regulada, en línea con el marco del Pacto Mundial de Migraciones. Igualmente, se recoge en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, conocida como Ley de Extranjería, que establece en su artículo 39 la gestión colectiva de contrataciones en origen. Este artículo faculta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para aprobar, conforme a la situación nacional de empleo, una previsión anual de ocupaciones y cifras de empleos que puedan cubrirse mediante este procedimiento.
Dichas contrataciones están destinadas exclusivamente a trabajadores extranjeros que no se encuentren ni residan en España. Además, el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, desarrolla en su Título VIII los aspectos específicos de esta gestión colectiva, los procedimientos y condiciones para la contratación en origen, permitiendo a las empresas españolas cubrir necesidades laborales específicas.
Modalidades y objetivos de la contratación de origen
Para este sistema de contratación existen dos modalidades principales para llevarlo a cabo:
- Migración estable: destina a la contratación colectiva de trabajadores para cubrir puestos de trabajo permanentes. Los empleadores tramitan las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
- Migración circular: aplica a necesidades laborales, estacionales o intermitentes. Esto es, incluye autorizaciones laborales de hasta cuatro años, con la posibilidad de trabajar hasta nueve meses al año en un sector específico. Una vez finalizado el plazo de trabajo, los trabajadores deben regresar a su país de origen.
A pesar de que es mucho más sencillo hacer una gestión conjunta, las solicitudes pueden realizarse individualmente o de forma colectiva a través de organizaciones empresariales representativas. En general, el mecanismo busca facilitar la gestión legal para la migración laboral con el fin de evitar los flujos irregulares, el acceso a mano de obra en sectores con dificultades para cubrir vacantes y fomentar la movilidad organizada entre países. Igualmente, trata de garantizar unas condiciones laborales dignas, donde se asegure un alojamiento adecuado y asumir, al menos parcialmente, el coste del traslado.
Proceso de gestión y responsabilidades
El procedimiento comienza con la presentación de solicitudes por parte de las empresas, justificando la necesidad de contratar trabajadores fuera de España. Estas solicitudes incluyen ofertas laborales detalladas con información sobre salarios, condiciones laborales, alojamiento y duración del contrato. La selección se realiza en colaboración con las autoridades de los países de origen, a menudo en el marco de acuerdos bilaterales con países como Marruecos, Colombia o Ecuador.
Después de finalizar este primer tramo, se emiten autorizaciones de trabajo y visados para los candidatos seleccionados. En este momento, las empresas tienen la obligación de cumplir con las condiciones laborales señaladas y facilitar alojamiento, transporte y otros servicios básicos. Por su parte, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, junto con algunas Comunidades Autónomas, supervisan el cumplimiento de la normativa, a través de inspecciones y controles. Además, los alojamientos ofrecidos a los trabajadores deben cumplir con criterios específicos que garanticen condiciones seguras y dignas.
