La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz que instruye la causa contra David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha emitido un nuevo auto en el que se le cita nuevamente a declarar en calidad de investigado. Según el documento judicial, Sánchez enfrenta acusaciones por dos posibles delitos: tráfico de influencias y prevaricación, relacionados con la contratación de un antiguo empleado del Ministerio de Presidencia por parte de la Diputación de Badajoz.
Según EFE, el caso se centra en la incorporación de Luis María Carrero como jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha sido clave en el desarrollo de la investigación, existen elementos que apuntan a posibles irregularidades en el proceso de creación y adjudicación de este puesto. La jueza ha señalado que la relación profesional previa entre Carrero y Sánchez podría haber influido en esta contratación, lo que refuerza las sospechas de tráfico de influencias.
El auto judicial destaca la existencia de correos electrónicos entre Sánchez y Carrero, en los que, según el atestado, ambos parecen dar por hecho la incorporación de este último a la Diputación. Este intercambio de mensajes ha sido interpretado por la jueza como un indicio de que la contratación pudo haber sido pactada con anterioridad, lo que podría constituir un acto de prevaricación.
En este nuevo auto, emitido tras recibir el informe de la UCO sobre la incorporación de Luis María Carrero como jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación pacense, la jueza entiende que existen “indicios de criminalidad” en la creación y adjudicación de este último puesto de trabajo en el organigrama de la institución provincial.
Solicitud de Manos Limpias por informes anuales de Sánchez
Manos Limpias solicitó hace un mes que se tomara declaración tanto al ex asesor de la Unidad de Mensaje del Palacio de Moncloa como, nuevamente, al propio David Sánchez, con el fin de aclarar la veracidad de los informes anuales que, según su contrato, debía presentar el músico cada año como balance de sus actividades en la institución provincial.
Estos informes solo fueron entregados a través de Luis Carrero, cuando la magistrada los solicitó el pasado 3 de febrero. Además, la entrega se realizó de forma manuscrita, y no mediante firma digital, como había sido habitual durante todo el proceso, un procedimiento que hubiera reflejado automáticamente la fecha de la firma. Este hecho ha generado sospechas en la magistrada, quien considera que los documentos —la mayoría de una sola página— fueron elaborados únicamente cuando ella los requirió, y no de manera anual como estipulaba el contrato entre David Sánchez y la Diputación.
Otros imputados
El exasesor de Moncloa, que ahora es actual jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Delegación de Cultura de la Diputación de Badajoz, tendrá que acudir a la sede judicial el mismo día que el músico por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Además, también ha llamado a declarar en calidad de investigado al diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.
También ha sido llamado a declarar en calidad de investigado el director de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija, todos ellos el próximo 25 de abril, según se recoge en un acto dictado por Beatriz Biedma este mismo jueves, 13 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press.
