El asesinato de la educadora social Belén Cortes tras la agresión de tres menores de edad en el piso tutelado donde desempeñaba su trabajo en Badajoz ha evidenciado la “precariedad” y “falta de protección” en unos servicios sociales cada vez más privatizados, no solo en Extremadura, sino en toda España, tal y como han denunciado los colegios de estos profesionales.
En este caso, los menores que cometieron la brutal agresión contra la educadora, dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17 que ya han sido detenidos, se encontraban en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en régimen abierto, un dispositivo que se centra en la rehabilitación y vigilancia de los menores que han cometido algún delito como hurtos, robos con fuerza o agresiones. Este tipo de recursos son diferentes a los que están destinados a la protección de los menores que no pueden crecer con su propia familia, ya sea por la existencia de malos tratos físicos o psíquicos o de abusos sexuales por parte de las personas de la unidad familiar, por la ausencia de escolarización o por el consumo habitual de drogas por parte de los progenitores de forma que incida gravemente en su desarrollo, entre otras situaciones de abuso, maltrato y abandono.
Es precisamente en esos pisos de cumplimiento de medidas judiciales en los que se trata de rehabilitar a los adolescentes donde más riesgos corren los trabajadores sociales, ya que “no se puede aplicar la misma ratio de personal” que en otro tipo de dispositivos, explica a Infobae España la vicepresidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, Rocío Núñez, que también aclara que “no es lo mismo trabajar de día que de noche”. Por un lado, indica, “existe un problema en la normativa que establece las ratios, por otro, también hay un problema en las empresas y en las administraciones públicas, porque no tienen en cuenta las características del centro y el perfil de los chavales”.
Más formación, más seguridad y más trabajadores
En el caso de los centros para el cumplimiento de medidas judiciales, “se necesitan medidas de seguridad, primero para proteger a los menores, pero también para proteger a las trabajadoras”, porque como educadores sociales deben realizar una intervención educativa y “no pueden estar pendientes al mismo tiempo de temas de seguridad”, añade Núñez. Por eso debe ser otro perfil profesional el que pueda hacerse cargo de algún tipo de contención cuando hay situaciones conflictivas, como que el menor se encuentre en estado de alteración o incluso en peligro para su vida e integridad o la de otras personas.
“Tiene que haber alguien formado por si pasa algo. Las educadoras sociales conocen a los chavales, saben lo que les pasa [cuando tienen una crisis] y tienen que poder trabajar con ellos, pero no pueden hacerlo si están solas porque necesitan que otra persona se haga cargo del resto del grupo”, asegura la experta. Esto además es lo que indica la ley a la hora de aplicar medidas de desescalada y de contención, como son las técnicas verbales de gestión emocional que ayuden a rebajar la tensión o las medidas de contención físicas.
Al final, aclara Núñez, la principal herramienta de los educadores para la intervención socioeducativa “es la vinculación con esos menores”, que vienen de experiencias violentas de maltrato, de abandono o de contextos sociales muy vulnerables, donde puede que delinquir o el consumo de drogas estuviera normalizado. “Lo más reparador para el menor es vincularse con un adulto, que sea un modelo positivo, que sea un adulto de fiar, que dé seguridad, que le enseñe a resolver los conflictos de manera pacífica, que lo acompañe en el día a día", resume, además de las terapias que pueda realizar.
Por ello, Núñez insiste en la necesidad de que los profesionales del sector estén formados, no estén solos y haya más medidas de seguridad en los centros donde hay menores que han cometido delitos violentos.
La experta también advierte de que la precariedad en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia “es generalizada” en el país, pese a que los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. “La tónica general en los servicios sociales es la misma en Galicia que en Extremadura o Cataluña, están precarizados, y es una vergüenza lo poco que se invierte en el sistema de protección a la infancia", advierte.
Según el último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia, correspondiente a 2023, en España hay 51.972 niños y adolescentes con medidas de protección, un 1,5% más que en 2022. En cuanto a los tipos de acogimiento, el familiar sigue siendo más frecuente que el residencial (49%).
Los menores también se ven perjudicados
El hecho de que no hay suficiente personal, no solo supone un factor de desprotección para los trabajadores, sino que también perjudica a los menores, porque “entonces la labor de los educadores se vuelve únicamente asistencial y no se puede poner el foco en necesidades más específicas” lo cual tiene consecuencias, advierte por su parte Patricia Cardeñosa, integrante del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco, que también aclara que “no es casualidad” que la agresión de los adolescentes de Badajoz se produjera contra una mujer, pues la profesión está altamente feminizada.
Ahora todas estas reivindicaciones del sector, concluye Cardeñosa, deben ser trasladadas a las instituciones y a las administraciones, que son las responsables de la tutela de estos menores, y ya adelanta que están tratando de elaborar un decálogo que recoja sus necesidades de forma más concreta.
