A pesar de que las inmobiliarias ya no pueden pedir honorarios a los inquilinos, según lo establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que entró en vigor en mayo de 2023, hay agencias que siguen reclamando esos pagos, aunque utilizando diferentes fórmulas para justificarlo, como puede ser el asesoramiento jurídico.
En el caso de María B., residente en Madrid, le tocó pagar una comisión a la inmobiliaria La Casa Agency equivalente a un mes de renta después de que la empresa le hiciera firmar, en un contrato diferente al del alquiler, una cláusula en la que se comprometía a abonar una mensualidad más el 21% de IVA por la supuesta “contraprestación de servicios de búsqueda y localización de inmuebles”.
La usuaria se vio obligada a firmarlo y a pagar el dinero para no perder la oportunidad de alquilar la vivienda, a pesar de que la única gestión que la inmobiliaria había realizado “era colocar el anuncio del piso en las páginas de búsqueda de alquiler”, según ha denunciado la Asociación de Consumidores FACUA, que ha logrado, tras la denuncia de María, que la agencia le devuelva 1.100 euros.
“Ese último contrato era completamente irregular, ya que la reciente modificación a la Ley de Arrendamientos Urbanos prohíbe a las inmobiliarias cobrar ningún tipo de honorarios o “gastos de gestión” a los arrendatarios. Esto es así porque el servicio se presta al propietario del inmueble —el auténtico cliente de estas agencias— y no al posible inquilino", recuerda la organización en un comunicado. De hecho, es en el artículo 20.1 de la norma donde se determina explícitamente que “los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador”.
María tuvo que abonar 1.633 euros a La Casa Agency para poder alquilar el piso, pero sabía que la legislación lo prohibía, por lo que decidió reclamar a la inmobiliaria la devolución de dicha cantidad una vez se había instalado en la vivienda y firmado el contrato de alquiler. Como la empresa ignoró sus reclamaciones, decidió acudir a FACUA Madrid, cuyo equipo jurídico se dirigió a la inmobiliaria para instarle a que devolviera esos gastos.
Denuncia ante las administraciones
En paralelo, la asociación también denunció a la inmobiliaria ante las administraciones de consumo para que sancionaran a la agencia por haber vulnerado la normativa de vivienda al haber cargado a la afectada esos gastos que corresponden al arrendador.
Tras la reclamación de la asociación, la inmobiliaria ofreció devolver a la afectada el 50% de lo que le había cobrado, 816 euros, pero se negaron a aceptarlo. Tras varias negociaciones, finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo y María recibió 1.100 euros, evitando así acudir a tribunales.
Investigación del Ministerio de Consumo
Cabe recordar que el año pasado el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 decidió abrir una investigación, a través de la Dirección General de Consumo, a agencias inmobiliarias que operan en todo el territorio español por prácticas abusivas contra inquilinos al cobrarles comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada o incluir cláusulas abusivas para los consumidores.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy también ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.
