Cuando se menciona la condición de agente de la autoridad, lo primero que solemos imaginar es a un policía uniformado o a cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es probable que identifiquemos a estos profesionales como los únicos a quienes se les atribuye de manera inherente esta condición, pero en la realidad no son solo ellos.
Un agente de la Autoridad es todo funcionario al que se le encomienda la ejecución de las decisiones y poderes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. Cualquier funcionario puede ostentar esta condición. En particular, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también los funcionarios judiciales, parlamentarios, notarios, registradores, funcionarios del medio ambiente, entre otros. Ahora, en Cataluña, los funcionarios de prisiones también han sido reconocidos como agentes de la Autoridad.
Así lo ha establecido este miércoles el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, quien declaró ante el pleno del Parlamento que reconocerán a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad.
“Hemos decidido impulsar las modificaciones legislativas pertinentes para poder considerar a los trabajadores del ámbito penitenciario como agentes de la autoridad", ha revelado durante la sesión de control al ejecutivo catalán.
Espadaler ha recordado que Mossos d’Esquadra, policías locales o vigilantes del transporte público ya cuentan con la consideración de agentes de la autoridad.
¿Por qué ahora?
Que Espadaler haya anunciado ahora esta nueva normativa no es arbitrario, sino que responde a una serie de hechos dramáticos por los que los sindicatos y el cuerpo de seguridad de las cárceles les ha pedido que así sea.
El asesinato, el pasado 13 de marzo, de la cocinera Nuria López a manos de un preso de Mas d’Enric (Tarragona) que cumplía pena por homicidio fue un hecho inédito en democracia y desató movilizaciones nunca vistas en el ámbito penitenciario en Cataluña.
Es por este tipo de casos, que alertan a toda la comunidad, que las demandas se han planteado durante años para reconocer su condición de agentes de la autoridad. Para los trabajadores, este estatus tendría principalmente un efecto disuasorio, ya que las penas por delitos como las lesiones se incrementan si la víctima es un agente de la autoridad, según el Código Penal.
Este cambio también tendría implicaciones administrativas: en caso de que el interno no pueda pagar la indemnización al funcionario, la administración se haría cargo del pago.
¿Qué supone ser agente de la autoridad?
Ser agente de la autoridad supone que las actas de inspección y las denuncias realizadas en el desempeño de sus funciones se consideran auténticas y gozan de presunción de veracidad respecto a los hechos que en ellas se detallan, salvo que se demuestre lo contrario.
Es decir, si un agente de la autoridad formula una denuncia de algún tipo en el ejercicio de sus funciones, tendrá presunción de veracidad y solo será revocada si hubiere prueba en contrario.
Además, si el funcionario no puede cumplir con sus tareas para prevenir la comisión de delitos o contravenciones, tiene la facultad de solicitar el auxilio de las autoridades judiciales o gubernamentales.
