La Fundación Raíces ha denunciado que el menor de Gambia que la ONU exigió a España acoger se encuentra en paradero desconocido tras un largo proceso marcado por la “falta de protección” y disputas legales. El adolescente, identificado como A.A., llegó solo en cayuco a Las Palmas en agosto de 2023 y, aunque portaba una fotocopia de su documentación que acreditaba su minoría de edad -13 años-, “siempre fue tratado como un adulto”, critica la fundación, de manera que fue trasladado primero a Tenerife y luego derivado a otros puntos de la Península. Una vez superado el tiempo máximo de estancia en la red humanitaria para migrantes adultos, A.A. terminó en Madrid en situación de calle.
La última noticia que tuvo de él la letrada de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, es que A.A. se había marchado a Francia con “la ayuda de un señor”, se encontraba en una residencia de menores y que deseaba que no le buscaran más, según el comunicado publicado este martes por la ONG especializada en la defensa de los derechos de la infancia migrante.
Aunque la entidad trató de confirmar este extremo, contactando con el sistema de protección a la infancia francés y a través de otros profesionales en el país galo, a día de hoy no ha podido confirmar la información aportada por el menor. Por ello, la ONG no descarta la posibilidad de que haya sido víctima de una red de explotación infantil, ya que suelen enviar este tipo de mensajes para presionar a los menores y que así cese su búsqueda.
A pesar de que estos hechos fueron puestos en conocimiento de los Tribunales solicitando que continuasen los procedimientos, que se declarase la validez de los documentos y se ordenara la protección de A.A., la ONG lamenta que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Madrid han notificado recientemente el archivo del procedimiento.
En concreto, indica la ONG, la Audiencia Provincial de Madrid afirma que aunque procesalmente “era posible haber adoptado la medida cautelar en el procedimiento judicial iniciado hace ya más de un año”, al no constar que actualmente el niño esté en desamparo en España, “ya no es posible adoptar medida de protección alguna”.
“Debería avergonzarnos e indignarnos a todos que los niños y niñas que llegan solos a España huyan de nuestro país y pongan de nuevo sus vidas en riesgo porque aquí no se sienten protegidos”, ha indicado a Infobae España Lourdes Reyzábal, cofundadora de la Fundación Raíces, que también denuncia que en la actualidad son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en ciudades como Madrid. “La falta de protección de nuestro sistema es directamente proporcional al riesgo al que se está exponiendo a estos niños y niñas”, añade.
La Embajada de Gambia certificó que el documento era auténtico
En el caso de A.A., antes de migrar, el joven había solicitado su pasaporte en Gambia y cuando lo recibió a finales de 2023 fue a la Embajada de su país en España para que lo examinaran y esta certificó que el documento, que señalaba que el chico nació el 9 de diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia, era “válido y auténtico”.
La entidad puso al joven a disposición de los servicios de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid e ingresó en un centro de menores pero, posteriormente, la Fiscalía decretó su mayoría de edad por albergar dudas sobre la fiabilidad de este documento y el menor fue expulsado en febrero de 2024. Tras la decisión de la fiscalía, la Fundación Raíces presentó medidas cautelares en el juzgado y acudir al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que pidió a las autoridades españolas que protegieran al chico.
La edad es clave
Cabe recordar que cuando un migrante desembarca en costas españolas y alega ser menor de edad pero no cuenta con un documento que lo acredite o se sospecha que puede ser un adulto, la Administración comprueba si es cierto o no mediante una prueba ósea que determina su edad, unos exámenes muy criticados por su amplio margen de error de dos años y cuyos resultados suelen demorarse mucho, lo cual deja a cientos de migrantes en un limbo, tal y como ya han denunciado en muchas ocasiones las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes.
La edad es determinante para el futuro de las personas migrantes que llegan a España en busca de un mejor futuro, ya que si se trata de una persona adulta y carece de documentos, será expulsada, mientras que si es un menor, debe ser protegido por el Estado. Los menores de 16 años, además, tienen derecho a la educación pública, obligatoria y gratuita.
75 niños en situación de desamparo en Madrid en 2024
Desde la Fundación Raíces recuerdan que en 2024 defendieron los derechos de 108 niños que habían sido incorrectamente identificados como adultos por la Fiscalía e identificó a 75 en situación de desamparo en la Comunidad de Madrid. Los jóvenes procedían de Senegal, Guinea Conakry, Gambia, Camerún, Mali, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Marruecos y Burundi, y tenían entre 14 y 17 años, la mayoría trasladados desde Canarias.
En 27 de esos casos ya se ha reconocido que efectivamente eran menores de edad y actualmente la entidad trabaja en más de 60 procesos de determinación de la edad ante la Fiscalía o los tribunales.
La ONG también destaca que Naciones Unidas ha emitido 14 dictámenes en los que considera que el procedimiento de determinación de la edad en España ha violado el derecho de los jóvenes a preservar su identidad al atribuirles una fecha de nacimiento distinta de la suya propia a pesar de que disponían de documentación válida y que el Estado ha incumplido su obligación de protegerles.
