El Gobierno y la oposición están obligados a debatir sobre cómo aumentar el gasto en Defensa después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en consonancia con el resto de países de la UE, anunciara el pasado jueves que España aumentará su gasto en defensa hasta el 2% del PIB antes de 2029. Este asunto, que causa división incluso en el seno del Ejecutivo de coalición, tendrá que ser abordado de manera inmediata ante el nuevo contexto geopolítico provocado por la victoria electoral de Donald Trump y su acercamiento a Rusia.
Los grupos políticos tendrán ocasión de moldear y fijar su posición a lo largo de esta semana. Sánchez podrá comprobar de primera mano “dónde está cada uno”, ya que prevé reunirse en la Moncloa este jueves con los representantes de todos los partidos, a excepción de Vox (por su sintonía con el presidente estadounidense). Según fuentes gubernamentales, será una oportunidad para conocer “si tienen compromiso con la UE y con Ucrania”. A partir de ahí, agregan, “todos tomaremos conclusiones”.
Sánchez no ha desvelado ni las cantidades ni los plazos para llegar a este objetivo del 2% antes de lo previsto, una decisión que supone duplicar el presupuesto actual, pasando de casi 20.000 millones de euros actuales (1,3% del PIB) a aproximadamente 36.000 millones de euros en menos de cuatro años. No obstante, desde el Gobierno explican que ese incremento no solo irá destinado al gasto militar, ya que abarca “ciberseguridad, diplomacia, misiones de paz o de cooperación”.
Más allá de su distribución y del veto de algunos partidos a aumentar el gasto militar, el principal melón es de dónde se saca el dinero para financiar este incremento. En este sentido, este aumento podría implicar ajustes en otras partidas del gasto público destinadas a la sanidad o la educación. De cara a la posibilidad de que finalmente no puedan aprobarse unos nuevos presupuestos, en el Gobierno subrayan que hay formas de “habilitar partidas” para ese cometido.
Sánchez apuesta por transferencias “para lo que tenemos que hacer”
Aunque Moncloa no ha concretado todavía su plan, a la espera de escuchar a los partidos, Sánchez reconoció tras la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo la necesidad de “aportar más” desde el presupuesto nacional, aunque también destacó que, como la seguridad y la defensa son “bienes públicos europeos”, se deben financiar a través de “instrumentos mancomunados”.
De esta manera, se mostró partidario de seguir la propuesta de la Comisión Europea de flexibilizar las reglas fiscales para invertir “más y mejor” en Defensa. “La cláusula de escape es un instrumento que creo que vamos a utilizar todos los gobiernos”, apostilló. Por contra, rechazó la idea de redirigir Fondos de Cohesión a proyectos de Defensa: “Nosotros tenemos un sobre nacional que luego se destina a las comunidades autónomas, los Fondos de Cohesión son para el desarrollo territorial y social”, esgrimió.
En todo caso, para Pedro Sánchez, una de las herramientas es la movilización de 150.000 millones de euros en préstamos, una medida propuesta por la Comisión Europea, aunque avanzó que dará la batalla para incluir transferencias: “Esto es un debate que vamos a dar”. “Se puede financiar cuando se revise el marco financiero plurianual, con presupuestos europeos o también con contribuciones nacionales que puedan dar los Estados miembro dentro de unos años, pero hay que abrir ese debate. No son suficientes los préstamos. Vamos a necesitar transferencias para lo que tenemos que hacer”, defendió.
A pesar de las discrepancias que pueda haber en esta materia, la parte socialista del Gobierno apela a la “responsabilidad de Estado” de los grupos políticos, incluido el socio minoritario de la coalición. La pluralidad albergada bajo el paraguas de Sumar anticipa un debate complejo incluso en este espacio, liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sumar dejó claro el pasado viernes que, “en lugar de apostar por multiplicar los gastos nacionales, la prioridad debe ser el despliegue de una nueva financiación europea, fiscalizada democráticamente, que no haga recaer todo el esfuerzo inversor en los Estados miembros, de forma fragmentada y sin coordinación”. Y es que, para el partido de Díaz, “la construcción de la autonomía estratégica europea no puede recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora, y debe ir de la mano con nuevos instrumentos de inversión que también garanticen mayores niveles de cohesión social europeos y una aceleración más rápida de la transición ecológica, dos elementos que son imprescindibles a la hora de construir seguridad continental”.
Izquierda Unida también mostró su rechazo a subir el gasto militar. “Francamente, creo que va a haber amplia coincidencia. Todas las fuerzas políticas del grupo parlamentario entendemos que no viene a cuento este incremento del gasto”, dijo el diputado de IU en el Congreso, Enrique Santiago.
Por su lado, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aunque declaró que el rearme “no parece la mejor manera de avanzar en la coordinación de una defensa europea”, apostó por “el sentido común” para abordar el aumento del gasto militar. Así, advirtió de que es un error confundir este debate “con una cuestión meramente numérica que tenga que ver con el gasto militar y su aumento”, ya que lo primero es “saber de qué capacidades se dispone y cuáles se necesitan desarrollar en materia de Defensa”.
Ante la posibilidad de que el Gobierno necesite el apoyo del Congreso en esta materia, la parte socialista es consciente de que tendrá que contar con el PP, el primer partido de la oposición. Por lo pronto, su líder, Alberto Núñez Feijóo, pidió al presidente del Ejecutivo “un informe detallado, previo y por escrito, que aporte un mínimo de luz de qué quiere hablar”. Los populares también quieren conocer los recursos de los que va a disponer España y con qué apoyos cuenta el Gobierno para hacer la propuesta, dejando claro que aprovechará las eventuales grietas de la coalición para enfatizar en su estrategia de desgastar a Sánchez.
