“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Con estas palabras, el 1 de abril de 1939, Francisco Franco firmaba el último parte de la guerra civil española. Ese día, empezaba la reconstrucción de una nueva España. Harían falta ladrillos y cemento después de tres años de destrucción, pero sobre todo ideas —nuevas o viejas, según se mire— y significados. No podían quedar cabos sueltos, todo debía adquirir una nueva dimensión. Hasta el tópico literario Omnia mors aequat (la muerte iguala todo), que llevó a su máximo exponente Jorge Manrique, perdió su histórica vigencia y los muertos dejaron de ser iguales.
Los historiadores han tratado de dar con una cifra de fallecidos como consecuencia directa de la guerra o por las malas condiciones de vida, la mala salud o la desnutrición derivadas. No es una tarea sencilla y la respuesta tampoco es precisa, pero estiman que fueron 540.000 las víctimas mortales del horror fratricida. Entre ellos, se encontraban los muertos en el frente y los fusilados de los dos bandos, que bajo tierra adquirieron una dimensión política y propagandística. Lo explica Miriam Saqqa en Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra, 2024). La doctora en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en franquismo, desgrana en 450 páginas el proceso judicial y el uso político que hizo la dictadura de sus muertos, a los que llama “los cuerpos nación”.
Los ‘cuerpos nación’ dejaron de pertenecer a la tierra, a su familia y a sí mismos para pasar a ser propiedad del régimen, con las exhumaciones e inhumaciones que se llevaron a cabo bajo la Causa General, un proceso judicial incoado en 1940 que tiene sus orígenes en los procesos judiciales llevados a cabo por el ejército sublevado durante la guerra. El autoproclamado bando nacional, conforme ocupaba territorios, hacía un listado con las víctimas y trataban de localizarlas. Pero no a todas. ”El listado era únicamente de los que denominan mártires y caídos, porque era un proceso judicial excluyente, y así se evidencia en la documentación”, explica Saqqa, que matiza que se trataba de un proceso con dos caras. Del otro lado de la moneda, estaban los culpables, a los que había que ajusticiar por sus crímenes con juicios sin garantías, si es que llegaban a celebrarse.
Propaganda para el régimen
Tras la guerra, se llevó a cabo un proceso similar a través de los tribunales, con el objetivo de localizar las fosas y, en ocasiones, extraer los restos. Todo ello, bajo “una concepción legal de víctima vinculada a la ideología afín al régimen”. Sin embargo, el objetivo de la dictadura con las exhumaciones no era el de devolver los cuerpos a las familias y cumplir con una labor humanitaria, sino el de legitimarse.
“Tenían una intención clara de justificar el golpe de Estado y la represión que ejercían a través de evidenciar los crímenes de los que ellos denominaban las hordas rojas”, insiste Saqqa. La Causa General les serviría para asentar su versión de la historia ante los españoles, pero también ante la comunidad internacional. Por eso, cuenta la experta, publicaron un libro con un resumen del proceso judicial en 1943, lo redactaron en distintos idiomas y lo enviaron al extranjero, con el fin de blanquear el conflicto como una “cruzada”.
El mayor símbolo del uso de los cuerpos con un fin propagandístico es el Valle de los Caídos —ahora Valle de Cuelgamuros—, pero hubo más creaciones de lugares de construcción de historia y eventos en torno a los desenterramientos y los entierros. “En Toledo han sido exhumados los cadáveres de los mártires, que dieron su vida por Dios y por España asesinados por los rojos durante el asedio del Alcázar”, reza el pie de foto de una de las imágenes recogidas de una ceremonia celebrada en torno a las inhumaciones de los cuerpos de los soldados sublevados que quedaron asediados en el Alcázar de Toledo. Esa definición, que recoge la autora para el título del libro, fue escogida por la dictadura con precisión y con un objetivo ideológico claro.
Una muerte ideológica y no biológica
El proceso judicial también va de la mano con la propaganda y abraza el mismo lenguaje belicista, alejado de la precisión de la que debe presumir la Justicia. “Es muy interesante que en el lugar de la causa de la muerte no escriben algo que cause la muerte”, dice Miqqa, que su investigación se encontró con que los fallecidos del bando sublevado no tenían una muerte biológica. En los partes forenses se encontraban conceptos como “fusilado por las hordas marxistas” o “asesinado por los rojos”. “No es una causa anatómica ni patológica, es una causa que vinculan directamente a una cuestión política porque les interesaba catalogar a esos cuerpos como mártires y caídos”, matiza.
En 1951, el régimen considera que la Causa General ha cumplido sus principales objetivos y reduce las partidas económicas en un 80%. “Es decir, la dejan reducida a la mínima expresión”, detalla la historiadora, que encuentra una de las razones en el cambio del contexto internacional con la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La siguiente fase del desenterramiento de los llamados “cuerpos nación” está marcada por la inauguración del Valle de los Caídos. En este momento, cambia la narrativa, “ya no hay una división tan férrea entre mártires y rojos” porque el recinto “se vendía con la idea de que hermanaba, aunque sabemos que no era verdad”.
Los otros cuerpos, los que se debían perder en la memoria
Los vestigios del uso simbólico de los cuerpos y las muertes de los miembros del ejército sublevado perviven en los cementerios de España, donde se erigen cruces a los “mártires y caídos por Dios y por España”. Ningún español debía olvidarlos. “No sucedió lo mismo con las otras víctimas, las del bando republicano que a día de hoy no han tenido un proceso judicial para investigar sus muertes”, recuerda Saqqa. Durante la Guerra Civil y toda dictadura, los familiares de los muertos del bando franquista podían buscar en fosas los restos para enterrarlos, los del bando republicano no tuvieron ese derecho.
“Lo que evidencia mi investigación es que tuvieron décadas para poder llevar a cabo la exhumación de esas fosas y la recuperación de esos cuerpos. Es decir, que muchos de estos familiares ya llevaron a cabo esas exhumaciones desde 1936 y tuvieron todo el tiempo del proceso dictatorial porque estas fosas se protegieron para que fueran exhumadas cuando fuera posible. Por el contrario, las de las víctimas de las fuerzas sublevadas y de la dictadura debían perderse.”, denuncia Saqqa. Otros historiadores han podido constatar que se llevaron a cabo exhumaciones clandestinas, siempre con el temor de ser descubiertos. Pero, hasta la muerte del dictador Francisco Franco, los españoles que quedaron bajo la tierra sin nombre ni lápida sobre la que llorar o a la que llevar flores para recordar no fueron iguales. De hecho, siguen sin serlo.
Fue en la Transición cuando empezaron a abrirse las fosas. Después de 40 años, miles de familias podrían dar sepultura a sus muertos, “con sus propias manos”. Si sabían dónde buscar y la fosa no contenía los restos de muchos represaliados, podrían dar con ellos. Pero, en la mayoría de los casos, ese sistema no funcionaba. Hay cementerios con “sacas” de miles de personas y otras tantas en cunetas, pozos y zanjas perdidas. Hay cientos de hijos que han fallecido sin poder enterrar a sus padres, pero la búsqueda de las asociaciones memorialistas continúa.
