Las comunidades autónomas donde habita el 95% de la población de los lobos en España -Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria- no están tomando las medidas necesarias para garantizar una conservación favorable de la especie y su coexistencia con actividades humanas, en particular la ganadería extensiva. Así lo recoge un nuevo informe de la organización WWF presentado este jueves, un documento que suspende a las comunidades loberas históricas por su “falta de compromiso, las compensaciones injustas o demasiado lentas para quienes sufren ataques, la escasa participación pública y dejadez frente al furtivismo”.
Según el informe, titulado ¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo, persisten deficiencias en la prevención de daños, los sistemas de compensación, la participación pública y el cumplimiento de las normativas de protección. Y teniendo en cuenta las políticas aplicadas en esos cuatro aspectos, Asturias y Castilla y León solo obtienen un 56 y 55%, respectivamente, en la puntuación, que marca las acciones mínimas para garantizar la conservación de la especie. Ambas fallan especialmente en el apoyo público a “la adopción de medidas preventivas, como perros de guarda, vallados o la contratación de personas cuidadoras del ganado, que pueden reducir hasta en un 100% los ataques al ganado”, indica el documento.
Según el estudio, Cataluña, pese a no contar con manadas reproductoras, es la autonomía con las políticas mejor valoradas, seguida de Álava (analizada de forma independiente por tener las competencias delegadas) y Galicia, mientras Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía se sitúan en los últimos puestos.
WWF destaca, no obstante, los avances que ha habido desde que en 2021 se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), lo que prohibió su caza en todo el territorio porque anteriormente estaba considerada una especie cinegética, y gracias también al apoyo financiero “sin precedentes” de 20 millones de euros anuales transferidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a las regiones. Pero aún así, critica la organización, "falta voluntad política para aplicar soluciones eficaces y sostenibles” para la conservación de la especie.
“Cuatro años es tiempo suficiente para adecuar planes y medidas”, ha indicado en rueda de prensa Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF, pero las Comunidades Autónomas “no están haciendo los deberes, al no garantizar que los ganaderos y ganaderas dispongan del respaldo necesario para implementar medidas preventivas”. Ese apoyo, ha explicado, debe cubrir el coste y el mantenimiento de las medidas, pero también la formación y acompañamiento para asegurar su uso eficaz.
“Matar lobos no es la solución”
Suárez también ha lamentado que las comunidades autónomas loberas sigan centrando su discurso político en “volver a matar lobos” y en pedir una disminución del nivel de protección, "en lugar de impulsar de forma decidida las políticas de coexistencia y de reducción de daños”.
“Hay que despolitizar el discurso sobre la especie, garantizar la coexistencia con un trabajo serio, con expertos, porque además hay poca voluntad por parte de las regiones para proteger la ganadería [de los ataques de los lobos], y muestra de ello es que ninguna comunidad autónoma tiene planes de apoyo para la ganadería extensiva”, ha añadido el experto.
El informe también señala que, por lo general, “los pagos por los daños llegan demasiado tarde (más de 6 meses), los trámites para recibirlos son complejos, o no cubren costes adicionales como el lucro cesante o los gastos veterinarios”, una reivindicación básica de WWF y de colectivos ganaderos. Asimismo WWF considera clave que se vincule el pago de daños a la correcta aplicación de estas medidas preventivas, bonificando a quienes las usan correctamente.
Las peticiones de WWF
Para poder avanzar en el cumplimiento de la estrategia del lobo, asegurar la viabilidad futura de la especie y lograr resultados relevantes en las políticas de coexistencia con la ganadería extensiva, WWF reclama que se incremente el esfuerzo de financiación de las medidas de prevención de daños, incluyendo aspectos como la compra y mantenimiento de perros de guarda.
También piden que se desarrollen líneas de ayudas para apoyar a quienes viven en zonas con presencia de lobo, así como que las indemnizaciones cubran más allá del valor del animal muerto o herido: lucro cesante, costes extras, etc.
En cuanto a la información, la organización reclama que todas las regiones faciliten de forma rápida y transparente los datos sobre seguimiento poblacional (presencia, distribución y evolución de la especie), daños, medidas adoptadas y mortalidad del lobo. Por último, también les solicitan que refuercen sus mecanismos para la detección, investigación y persecución de todas las causas de mortalidad ilegal.
Por otro lado, WWF pide al MITECO que establezca un sistema de reporte unificado “para poder valorar y comparar los daños en las distintas regiones y el uso e impacto de las medidas de prevención” y que desarrolle unos criterios para unificar las cantidades y la tipología de daños en todo el Estado. También reclama al ministerio que desarrolle un sistema que garantice la transferencia de fondos a las autonomías de forma regular y en tiempo para su correcta ejecución y que permita su correcta trazabilidad.
