Las administraciones de lotería y los puntos de venta de juegos del Estado están al borde del colapso, según denuncian sus trabajadores, quienes han manifestado su descontento por lo que consideran una “crisis sin precedentes”.
En un documento recogido por 20 minutos, estos trabajadores han señalado que las comisiones que reciben por venta y pagos de premios menores a 2.000 euros no han experimentado ningún tipo de actualización en más de dos décadas. “Las comisiones que recibimos por venta de juegos y por pagos de premios menores a 2.000 euros son muy bajas”, ha declarado Daniela Borten, quien gestiona la venta de lotería en un herbolario de Alcobendas (Madrid).
En este sentido, los trabajadores y trabajadoras piden urgentemente a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y al Ministerio de Hacienda a atender esta situación con carácter prioritario. Uno de los factores que más está dejando a los administradores al borde del cierre es el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumo).
Otra queja es el aumento descontrolado de los gastos: “La subida del alquiler de sus locales, la del salario mínimo interprofesional, el aumento de los precios de materiales y mantenimiento informáticos (entre un 30% y un 40%), y los seguros y obligaciones impuestos por la SELAE”, se puede leer en el texto.
“Nos están llevando a la quiebra”, han denunciado los loteros y loteras. Mientras tanto, “Loterías se enriquece. Ellos siempre ganan y no corren ningún riesgo”, ha dicho Daniela.
Las “piedras” de SELAE y la dependencia total
El sector, que genera más de 3.000 millones de euros al año para las arcas públicas, ha afirmado vivir bajo una creciente presión fiscal y empresarial. Según los datos proporcionados, los administradores de lotería perciben entre un 4% y un 5% por apuesta realizada y apenas un 1% por los premios otorgados.
Los representantes han reclamado que esta estructura de comisiones no se ajusta a la realidad inflacionaria ni a los aumentos exponenciales de sus costes operativos.
Uno de los puntos más críticos es la relación entre empleados y SELAE. Aunque trabajan como autónomos, denuncian una dependencia absoluta de esta entidad estatal, lo que limita sus opciones de mejorar sus condiciones.
“A pesar de trabajadores independientes, operamos bajo una dependencia total de SELAE, con obligaciones y restricciones que limitan cualquier posibilidad de mejorar nuestras condiciones”, se resalta en el manifiesto.
Además, entre los principales obstáculos impuestos se encuentran los requisitos para conseguir las licencias, los seguros o las normas estrictas que regulan los establecimientos. “Hay mucha burocracia. Tienes que seguir todo al pie de loa letra porque te amenazan con quitarte la licencia, incluso tienes que avisar cuando te vas de vacaciones”, ha declarado Daniela.
Asimismo, las normativas les impiden cambiar de ubicación para ajustar sus costes en caso de aumento de alquiler. Los trabajadores han afirmado sentirse “desprotegidos” y han criticado que SELAE no les brinde ninguna ayuda para mantener los puntos de venta en funcionamiento.
Movilización nacional
Ante la falta de respuesta, los administradores han comenzado a organizarse para realizar acciones colectivas, como huelgas o manifestaciones. “Cada día que pasa sin una solución, más administraciones se ven obligadas a cerrar, destruyendo empleo y dejando sin servicio a miles de ciudadanos”, ha expresado Daniela.
Así, las administraciones exigen una revisión de las condiciones contractuales, un aumento de las comisiones del IPC y un “diálogo trasparente”, tanto con la SELAE y como con el Gobierno.
