La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado los retrasos en el pago de las gratificaciones correspondientes a los servicios prestados durante la DANA que afectó a Valencia, el pasado octubre. Según la organización, desde hace tres meses los agentes que participaron en las labores de emergencia no han recibido las compensaciones económicas estipuladas, lo que ha generado un gran malestar dentro del cuerpo.
Las sumas pendientes incluyen pagos por nocturnidad, festivos y servicios especiales realizados en las zonas afectadas por el temporal. A través de un comunicado, JUCIL señala que este retraso ha perjudicado tanto a los agentes comisionados como a aquellos destinados en la zona, quienes también afrontan importantes pérdidas materiales como consecuencia de la tragedia climática.
“El que menos ha perdido el coche, por lo que hay mucho malestar”, ha manifestado Vicente Gómez, secretario provincial de JUCIL en Valencia. Los compromisos adeudados alcanzan los 100 euros brutos por turno y, a pesar de que el servicio especial finalizó a finales de febrero, los pagos siguen pendientes desde diciembre, denuncian desde la asociación.
Desde la asociación también denuncian que agentes de las unidades de los puestos principales de Bétera y Tavernes de la Valldigna han sido excluidos del cobro de estas gratificaciones, a pesar de que ambos municipios fueron afectados por la DANA y sus casos están reflejados en el Boletín Oficial del Estado. JUCIL lamenta que el personal de estos cuarteles haya quedado al margen de las compensaciones, lo que agrava la situación de muchos efectivos.
Daños en el cuartel de Paiporta
Los guardias civiles, recuerdan, desempeñaron un papel fundamental durante la emergencia, prestando asistencia a los ciudadanos, previniendo saqueos y gestionando denuncias de personas desaparecidas, además de realizar levantamientos de cadáveres. Sin embargo, desde JUCIL denuncian que su labor se vio dificultada por la prohibición de portar uniforme, una decisión que consideran “incomprensible”. Además, cuatro meses después de la catástrofe, los agentes siguen trabajando “en condiciones deficientes”.
Uno de los casos más preocupantes es el del cuartel de Paiporta, donde la riada destruyó el muro perimetral, comprometiendo la seguridad del recinto. La falta de personal tras la salida de los comisionados ha agravado la situación, generando problemas en los relevos y dejando sin vestuarios a los agentes. Además, los sistemas informáticos utilizados para la atención al ciudadano funcionan con lentitud, lo que afecta a la operatividad del servicio. En este mismo cuartel, un guardia civil y un familiar fallecieron en los calabozos debido a las inundaciones provocadas por la DANA.
En este sentido, la asociación advierte que la falta de infraestructuras adecuadas y de efectivos suficientes repercute directamente en la seguridad ciudadana. “No podemos cubrir la seguridad de toda la zona. Y en el recinto, podemos estar autorizando un viaje a un niño al extranjero y, al lado, sentado un detenido, porque hay instalaciones dentro del cuartel que siguen inservibles”, denuncian sus representantes.
Ante esta situación, JUCIL exige a la Dirección General de la Guardia Civil que adopte medidas urgentes para resolver estos problemas. Consideran prioritario el pago inmediato de las gratificaciones pendientes y la recuperación efectiva de los cuarteles dañados, con el fin de garantizar condiciones de trabajo dignas para los agentes y un servicio de seguridad eficiente para la ciudadanía.
