“Precaución” en el PSOE ante el pacto con Junts para delegar las competencias migratorias a Cataluña. El acuerdo, anunciado este miércoles y plasmado mediante una ley orgánica en el Congreso, no solo suscita recelos en Podemos, los primeros en levantar la voz contra un “pacto racista”. Y es que, otros socios, como Sumar, Más Madrid o ERC también expresaron este miércoles sus críticas.
Y no solo eso, ya que en el partido y en el Gobierno reconocen que el preámbulo de la ley, la parte que más controversia genera, no es la que más les representa. “No es el preámbulo que habría escrito un socialista”, señalan fuentes del grupo socialista en el Congreso, aunque justifican que el acuerdo era “el mal menor”, ya que sirve para cerrar una carpeta marcada en rojo por Junts y allanar así el terreno de cara a otras negociaciones.
En cuanto a los territorios, Castilla-La Mancha fue la primera región en romper el silencio generalizado en las filas socialistas. A la espera de que el presidente castellanomanchego y líder regional del PSOE, Emiliano García-Page, se pronuncie este jueves, la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, dio este miércoles algunas pinceladas de la postura de este territorio frente al pacto con Junts.
En esencia, la consejera portavoz calificó a Junts de “aliado extremista de derechas” al relacionar “la inmigración con la delincuencia y con criminalizar a los que vienen a nuestro país”. Esta posición “no tiene nada que ver con las políticas migratorias que defiende la izquierda” y se acerca más a los postulados “racistas de Donald Trump y la extrema derecha”, apostilló.
Para evitar la tensión tanto dentro de sus filas como fuera del partido, los socialistas tienen claro que no dejarán la ley en barbecho y apuestan incluso por acelerar su tramitación en el Congreso, según indican varias fuentes. De hecho, algunas voces subrayan la posibilidad de que la proposición de ley sea calificada por la Mesa el próximo martes y se debata su admisión a trámite el martes siguiente, es decir, “en dos semanas”. Esta será una prueba de fuego importante, ya que los grupos definirán su posición mediante una votación y, por ende, decidirán si sigue adelante o no su tramitación en el Congreso.
En caso de perder la votación, desde la parte socialista del Ejecutivo deslizan que darían por cumplido su parte del acuerdo. Los socialistas son conscientes de la opción de que decaiga la norma (no tienen asegurada una mayoría absoluta todavía), ya que no pueden comprometer los votos de otras formaciones. En este sentido, exponen otros casos similares en los que el Gobierno hizo su tarea de impulsar la legislación para desvincularse posteriormente de su desenlace final o su aplicación, como fue la ley de amnistía o el impuesto a las energéticas.
Cautela para no espantar a Junts con el reparto de menores migrantes
La alegría exhibida por Junts contrasta con la cautela en el partido y en el Gobierno, con escasos referentes para defender el acuerdo y una postura centrada en la “constitucionalidad” de la medida. Fuentes del PSOE alegan que la consigna es mantener un perfil bajo y dejar a los independentistas el espacio para explicar la ley “hasta tener agarrada la reforma de la ley de extranjería”. Esta propuesta, consensuada entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, obliga a las comunidades a acoger más de 4.000 menores migrantes no acompañados.
Al premiar el “esfuerzo previo” realizado por otras comunidades, Cataluña y País Vasco podrían quedar fuera del reparto, un requisito que atrae a Junts, clave para que este reparto “puntual” salga adelante ante la negativa del PP. Por ello, en Moncloa son optimistas con la posibilidad de desatascar esta tarea pendiente tras pactar la delegación de competencias migratorias a Cataluña. En este contexto, cobra importancia las advertencias del ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, a Coalición Canaria sobre que es “muy arriesgado” atacar a Junts, ya que se necesitan sus votos este reparto de menores.
Además del rechazo expresado también por PP y Vox, otros partidos de izquierdas alertaron sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts. Más allá de Podemos, en el espacio liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fueron varias las voces que expresaron sus reservas y dudas. “Puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas”, advirtió la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Manuela Bergerot. Esta fuerza está representada en el Gobierno a través de la ministra de Sanidad, Mónica García.
La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, admitió que el “problema principal” de la ley está en la “exposición de motivos”. “Es que de repente se compren, aunque sea parcialmente, el marco de [la alcaldesa de Ripoll] Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, que es un marco nativista, que habla de un peligro demográfico, que es un marco que coloca la inmigración como una amenaza, que habla de conservar”, afeó.
Por otro lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, deseó que las competencias en migración que se trasladarían a Cataluña “se utilicen bien” y que la formación de Carles Puigdemont, en caso de llegar al Govern (ahora en manos del PSC), tenga en mente la inclusión de las personas migrantes, y “recuerde la Cataluña de todos de (el expresidente catalán Jordi) Pujol” en contraposición a “la Cataluña para cuatro” de la líder del partido de ultraderecha independentista catalán, Sílvia Orriols.
