Desde hace un tiempo, existe el debate de si el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo debería contabilizarse como horario laboral, aunque no tiene mucha pinta de que se vaya a poder fichar antes de trasladarse a la oficina en un futuro cercano. Lo cierto es que, en realidad, no todo el mundo está en igualdad de condiciones en ese sentido: habrá a quien la oficina le quede más cerca y pueda, por ejemplo, acudir a su lugar de trabajo caminando, en bicicleta, o en transporte público (de haberlo); y habrá a quien no le quede otra y necesite utilizar un vehículo personal para desplazarse, lo que supondrá, entre otras cosas, el gasto adicional de gasolina y, de ser el caso, del aparcamiento.
En noviembre de 2021, la empresa francesa Roux, que operaba alrededor de una quincena de estaciones de servicio en la región de Orleans, Francia, comenzó a despedir a multitud de trabajadores después de que la compañía de suministro energético Shell anunciase el “fin de la concesión” de algunas estaciones de servicio. En una de ellas, ubicada en Mardié, Loiret, trabajaba desde hacía 20 años un ciudadano anónimo.
Había sido contratado dos décadas antes como “cajero polivalente”, y desde el 2019 también ejercía de “suplente del Comité Social y Económico (CSE)”. Aunque pudo conservar su posición de trabajo durante esa oleada de despidos, la empresa le informó de que iba a ser trasladado a otra estación de servicio ubicada en Fresnay-L'Évêque que, según ha informado el medio francés La Dépêche, le quedaba entre 20 minutos y media hora más lejos de su casa, suponiéndole un desplazamiento más largo, de aproximadamente 45 minutos cuando, hasta entonces, le llevaba apenas unos 15. De acuerdo con el trabajador, este cambio de lugar de trabajo le provocaría una “carga excesiva” que desembocó en un “impacto desproporcionado en su vida personal y familiar”.
El trabajador se negó a cambiar de lugar de trabajo
Debido a esto, cuando la empresa le notificó de la aplicación de la cláusula de movilidad (que figuraba en su contrato de trabajo), el trabajador se negó a ser trasladado alegando “limitaciones financieras y familiares”. Esto llevó a su empleador a ponerse en contacto con los inspectores de trabajo solicitando su “despido por mala conducta” debido a esta negativa. Aunque en su momento el tribunal administrativo aceptó este despido, el trabajador decidió recurrir esta resolución alegando que se había cometido “un error manifiesto de apreciación” porque el “interés legítimo” de la empresa no parecía “de ninguna manera probado”. Comenzaron, de esta manera, los enfrentamientos.
Así, el tribunal dictaminó en una sentencia del 12 de diciembre de 2024, que “la inspección de trabajo se limitó a indicar que la negativa a ser destinado al sitio de Fresnay-L'Évêque, que simplemente tiene por efecto modificar las condiciones de trabajo del empleado, puede considerarse ilícita”. El tribunal, que también debía valorar si esos “hechos ilícitos” son lo suficientemente graves como para justificar su despido, consideró que no eran de suficiente gravedad, por lo que el despido fue declarado nulo y se ordenó la indemnización del trabajador con 1.200 euros.
