El acuerdo sellado entre el PSOE y Junts sobre la delegación de competencias de migración a Cataluña abre la posibilidad de que la Generalitat pueda imponer el conocimiento del catalán para obtener los permisos de residencia en esta comunidad autónoma. Fuentes del partido independentista dejan esta opción en manos del actual Govern, ahora en manos del socialista Salvador Illa, pero avisan de que para ellos, esta medida es “impepinable”.
“No hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio en el que vives y esta ley se hace para dar herramientas para que la gente se pueda integrar”, opinan fuentes parlamentarias de Junts. Para el partido de Carles Puigdemont, es indispensable “aprender y conocer la lengua”. Por ello, tienen claro que “ese sería un requisito que lo pondríamos”, aunque reconocen que tiene que ser el Govern quien decida cómo desarrolle la “herramienta” legal.
En todo caso, avanzan que estarán pendientes de cómo se articulará la normativa para la ejecución en materia de permisos. Asimismo, estas voces hablan de que pondrán esta cuestión encima de la mesa en el Parlament catalán, donde el PSC no tiene mayoría. Insisten en la oportunidad que brinda la nueva ley, presentada este martes en el Congreso junto al PSOE, para imponer esta cuestión en la concesión de los permisos.
El texto legal permite a Cataluña las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Con el sistema de “ventanilla única”, esta comunidad además podrá expedir el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
“El conjunto de las facultades delegadas en la Comunidad Autónoma de Catalunya se ejercerán en los términos consignados en el Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya”, recoge el artículo 12.5 en la proposición de ley orgánica. En concreto, este precepto alude a los “derechos y deberes de conocimiento y uso de las lenguas” en los distintos ámbitos.
Junts hace una valoración positiva del acuerdo porque se trata de la “delegación integral” de “una competencia que normalmente ejercen los Estados”, como reivindicó este martes el presidente de JxCat, Carles Puigdemont. “Hemos cerrado un acuerdo desde la oposición, para que el Govern de nuestro país tenga unas herramientas que nosotros queremos para nuestras instituciones. Y lo seguiremos haciendo, cuando toque, con la financiación o con el techo de gasto”, afirmó el líder de JxCat para exigir a Illa que tenga “mentalidad de Estado” en lo que respecta a las competencias de inmigración.
Peticiones de expulsión
En Junts presumen de “ganar terreno” con este pacto, ya que, de ver luz verde en las Cortes Generales (la mayoría absoluta está en el aire al avanzar Podemos su rechazo), los Mossos de Esquadra podrán gestionar la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por otro lado, la comunidad autónoma “gestionará las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada)” y, para ello, los Mossos estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta ley, “siempre en coordinación” con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
En cuanto a los procesos de expulsión de extranjeros, por ejemplo, cuando tengan prohibición de entrada, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, precisó que Cataluña podrá hacerlo siempre y cuando no requiera expediente. En caso de que sí lo requiera, la Generalitat “podrá proponer” esta medida, aunque no tendrá la última palabra, ya que lo deberá elevar a la Junta de Seguridad.
Voces posconvergentes reconocen que Cataluña tendrá esta potestad cuando se trate de delitos que afecten a sus competencias, como el orden público o la seguridad ciudadana. Si bien, los casos de seguridad nacional (tráfico de armas, terrorismo, etc) serán derivados a la Junta de Seguridad de Cataluña y la decisión será tomada en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cualquier caso, desde el Gobierno trasladan que “no se van a incrementar las expulsiones”, ya que los requisitos “van a ser los mismos”, esto es, con arreglo a la legislación nacional.
Una vez desbloqueada esta carpeta, Moncloa y Junts coinciden en subrayar que este importante pacto no desatasca la negociación para los Presupuestos de 2025. Fuentes gubernamentales inciden en que el proyecto presupuestario es una “pantalla de gran dificultad”, ya que implica el apoyo de varios grupos, más allá de Junts. Lo que está claro es que tanto la tramitación de esta norma como la voluntad de llevar al Congreso la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno otorga continuidad al Ejecutivo.
