PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo este lunes para delegar competencias de migración a Cataluña, un asunto sobre el que llevaban negociando más de un año. Según han informado este martes ambos partidos de manera simultánea, los dos grupos parlamentarios han registrado en el Congreso una propuesta de ley orgánica en la que contempla la delegación de competencias migratorias a esta comunidad autónoma.
Esta es “fruto del Acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts, y supone un paso muy significativo en el método y el sentido político que inspira el citado acuerdo”, añaden en una nota de prensa, aunque los policías ya lo han calificado de “vergonzoso”.
Según han explicado sendos partidos en un comunicado, entre las medidas acordadas, “los Mossos de Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Asimismo, Cataluña “se configura como ‘ventanilla única’ en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español”.
Por otro lado, la comunidad autónoma “gestionará las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada)” y, para ello, los Mossos estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta ley, “siempre en coordinación” con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El pacto contiene el incremento del número de Mossos de Esquadra en Cataluña de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. También, otorga a Cataluña, gobernada en la actualidad por el socialista Salvador Illa, la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución). De este modo, “instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución)”. En cuanto a las expulsiones que requieran expediente, “se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya”.
Control de los CIEs
La ley determina que Cataluña “gestionará integralmente” los Centros de Internamiento de Extranjeros, conocidos como CIEs. “En Contrataciones en Origen, Cataluña es quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras”.
En materia lingüística, “se aplicarán las previsiones” de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas. También, serán los Mossos de Esquadra quienes “ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia” a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos. El pacto compromete al Gobierno central a transferir “los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega”.
En definitiva, con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración, esta comunidad “podrá desarrollar un modelo propio, una política integral”, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración “las instituciones catalanas tendrán una posición determinante” en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español.
Para justificar este acuerdo sobre un asunto que Junts puso encima de la mesa hace poco más de un año para apoyar varias medidas del Gobierno en el Congreso, los socialistas y posconvergentes asumen Cataluña ha sido siempre un territorio que ha acogido a mucha población procedente de otros lugares y “ha tenido la capacidad de integrarla en nuestro modelo democrático de sociedad y en la catalanidad”.
“El 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio”, reza el acuerdo en un momento de auge de las fuerzas xenófobas. Para estos partidos, la situación que vive esta comunidad determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, “la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Catalunya y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población”.
Con arreglo al artículo 150.2 de la Constitución, PSOE y Junts han presentado esta ley, con la que Cataluña “podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país, incluida la integración lingüística, basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso”.
