Tres días después de haber sido desalojados de manera oficial, un grupo de ‘okupas’ fue encontrado nuevamente en el mismo apartamento en Girona, según reportó el Diari de Girona. Este incidente, que ha generado preocupación entre los vecinos y las autoridades, pone de manifiesto la complejidad de los casos de ocupación ilegal en la región y las dificultades para garantizar el cumplimiento de las leyes en estos contextos.
El inmueble, ubicado en la calle del Riu Güell, había sido ocupado ilegalmente durante tres años por una familia, hasta que el pasado jueves se ejecutó una orden de desalojo emitida el 27 de noviembre. Sin embargo, apenas tres días después, el lunes por la tarde, las autoridades locales, los Mossos d’Esquadra, realizaron una nueva intervención tras recibir denuncias de los vecinos.
Uno de los antiguos ocupantes habría ingresado al apartamento durante el fin de semana forzando una ventana trasera y rompiendo una puerta diseñada específicamente para evitar ocupaciones.
Cuando se logra el desalojo de una vivienda ocupada, es común que surjan dudas y temores sobre la posibilidad de que el okupa regrese. La realidad es que, legalmente, un okupa no puede regresar a ocupar la misma vivienda después de haber sido desalojado, según el medio desokupa. La reocupación sería considerada como un nuevo delito, ya que el okupa estaría ingresando a la vivienda de forma ilegal.
Un problema recurrente en Cataluña y más allá
El caso de este apartamento en Girona no es un hecho aislado. Según destacó el Diari de Girona, los squats representan un desafío significativo tanto en España como en Francia, con numerosos ejemplos que reflejan la magnitud del problema. En Cataluña, en particular, este fenómeno ha sido motivo de preocupación constante, ya que afecta tanto a propietarios como a comunidades enteras.
En este caso específico, la intervención de los vecinos fue clave para que las autoridades pudieran actuar con rapidez. La legislación vigente en Cataluña permite a los Mossos d’Esquadra llevar a cabo desalojos “en caliente”, es decir, cuando la ocupación se detecta en sus primeras etapas. Este mecanismo fue el que permitió la segunda expulsión de los ocupantes el lunes, apenas unas horas después de que intentaran recuperar el control del inmueble.
La persistencia de los ocupantes
Los vecinos del edificio habían notado movimientos sospechosos durante el fin de semana, lo que los llevó a alertar a las autoridades. Según los testimonios recogidos por el medio, uno de los ocupantes habría ingresado al apartamento a través de una ventana trasera y, posteriormente, habría forzado una puerta diseñada para prevenir este tipo de intrusiones.
Este intento de recuperar el espacio que habían ocupado durante tres años fue frustrado rápidamente por la intervención policial.
La ocupación ilegal de viviendas no solo afecta a los propietarios, sino también a las comunidades vecinas. En el caso de la calle del Riu Güell, los vecinos expresaron su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de la zona.
Este tipo de incidentes genera tensiones en las comunidades, que a menudo se sienten impotentes frente a la persistencia de los ‘okupas’ y las limitaciones legales para resolver estos casos de manera definitiva.
Las denuncias por okupaciones de viviendas aumentaron en 2024 un 7,4% en España, alcanzando un total de 16.426 casos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, que incluyen tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento, según se extrae del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Se trata de la tercera cifra más alta desde que comenzó la serie histórica en 2010, solo por detrás de los valores alcanzados en 2021 (17.274) y 2022 (16.765).
