El Gobierno ha aclarado que el pacto alcanzado con Junts en materia migratoria no es una cesión de competencias, sino una “delegación”, contemplada en el artículo 150.2 de la Constitución española. Por ende, el pacto “nace de la Constitución y se aplica con la Constitución española en la mano”, a pesar de las reticencias esgrimidas por el Ejecutivo sobre un asunto cuya competencia era “única y exclusivamente” del Estado hasta hace unos meses.
PSOE y Junts han registrado este martes en el Congreso la ley orgánica para la delegación de competencias migratorias a Cataluña tras cerrar un acuerdo este lunes en esta materia. La norma, que tendrá que recibir el apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso (Podemos ha avanzado su rechazo), permitirá a los Mossos de Esquadra gestionar la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
También, entre otras muchas tareas, Cataluña se encargará en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Con el sistema de “ventanilla única”, esta comunidad además podrá expedir el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
Por otro lado, la comunidad autónoma “gestionará las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada)” y, para ello, los Mossos estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta ley, “siempre en coordinación” con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sido la encargada de defender el acuerdo, precisando en todo momento que es una “delegación” a Cataluña. “No se cede el control de fronteras; los Mossos estarán en coordinación del resto de fuerzas de seguridad del Estado”, ha aclarado.
Saiz ha eludido que el pacto viene precedido por un acuerdo con Junts hace poco más de un año a cambio de sus votos para dos decretos del Gobierno en el Congreso. En este sentido, ha explicado el contexto que envuelve la medida, aludiendo al elevado flujo migratorio que tradicionalmente ha recibido esta comunidad. Ha destacado que el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. “Hay una voluntad política y de la sociedad catalana de asumir la gestión en materia migratoria”, ha recordado para destacar el “importante el papel” de las administraciones autonómicas y locales en esta cuestión.
Sobre la posibilidad de delegar las competencias migratorias a otras comunidades, Saiz ha informado de que esta iniciativa no empieza y acaba en Cataluña. “No consta que otras comunidades tengan esa realidad concreta que tiene Cataluña y no han manifestado ninguna voluntad de asumir esta delegación. Si se da el caso, se estudiará con total detenimiento y rigor”, ha apostillado.
Cataluña podrá expulsar cuando no se requiera expediente
En cuanto a los procesos de expulsión de extranjeros, por ejemplo, cuando tengan prohibición de entrada, la ministra de Inclusión ha precisado que Cataluña podrá hacerlo siempre y cuando no requiera expediente. En caso de que sí lo requiera, la comunidad “podrá proponer” esta medida, aunque no tendrá la última palabra.
Fuentes de este departamento añaden que las órdenes de expulsión serán en consonancia con la normativa nacional. “Cuando haya expediente, Cataluña puede proponer, y se valorará en función de los requisitos de la junta de seguridad”, un sistema mixto formado por la delegación estatal y autonómica. “No se van a incrementar las expulsiones. Los requisitos van a ser los mismos”, han rematado fuentes del ministerio.
Con todo, el Gobierno asume que el Tribunal Constitucional decidirá sobre la norma ante la previsión de que el PP presente un recurso de inconstitucionalidad. Antes de eso, la ley tendrá que recibir el apoyo de una mayoría absoluta, algo que, por ahora, se antoja complicado: Podemos, socio indispensable del bloque de la investidura, ya ha adelantado su rechazo al texto al tildar el pacto de “racista”.
