El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso busca traductores en varios idiomas e intérpretes de lengua de signos para prestar diversos servicios en la Administración autonómica. Para ello está licitando actualmente dos contratos por valor de 2,36 millones de euros para que las Consejerías de Justicia y Familia, respectivamente, puedan renovar el servicio de traducción que se utiliza en todos los juzgados de la Comunidad de Madrid y el servicio de ayuda a ciudadanos con discapacidad auditiva.
La Consejería de Justicia quiere contratar traductores que ayuden a todos los órganos judiciales y fiscalías de Madrid a traducir declaraciones de personas que no hablen el castellano y a transcribir archivos de audio y documentos que estén en otros idiomas, todo dentro de los marcos de los procedimientos jurisdiccionales que se tramiten en la región. Este contrato ya debería estar en su fase final de licitación, pero una de las empresas que se han presentado ha interpuesto un recurso contra los pliegos y solicitó la suspensión del procedimiento. Esta medida cautelar ha sido concedida por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, lo que está dilatando la adjudicación del contrato.
Justicia ya cuenta con un Servicio de Intérpretes y Traductores para casos en los que se requiera realizar este tipo de trabajos en inglés, francés, chino, polaco, portugués y árabe, pero quiere ampliar la capacidad de los juzgados madrileños contando con profesionales que también entiendan estos otros idiomas: albanés, alemán, argelio, armenio, bangla, bengalí, bámbara, belga, bereber, bielorruso, bosnio, brasileño, búlgaro, catalán, checo, danés, eslovaco, esloveno, estonio, finlandés, flamenco, farsi, georgiano, guaraní, griego, hindi, holandés, húngaro, igbo, iraní, islandés, italiano, japonés, kurdo, letón, lituano, macedonio, moldavo, neerlandés/holandés, noruego, pakistaní, penyabí, punjabi, persa/iraní/farsi, rifeño, rumano, ruso, serbio, senegalés, sueco, sirio, tailandés, turco, twi, ucraniano, urdí/pakistaní, vietnamita, tagalo y wolof.
Justicia quiere que “el adjudicatario esté disponible para prestar los servicios requeridos durante las 24 horas todos los días del año, en cualquier idioma que se le solicite. Para ello, deberá contar con una dotación de recursos humanos y materiales coordinados y suficientes para cumplir en tiempo y forma todos los servicios de interpretación”. A cambio, la Comunidad de Madrid está dispuesta a pagar 1.468.244 euros durante dos años. Es decir, unos 19,50 euros por cada hora de traducción. Curiosamente, según estipula el pliego de condiciones, lo que más necesitan los juzgados madrileños son traductores de árabe y rumano. “La prestación de este servicio se considera fundamental para el normal funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales y Fiscalías situadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en los que diariamente se tienen que realizar las interpretaciones, traducciones y transcripciones citadas en aras a garantizar un funcionamiento ágil y eficaz de la Administración de Justicia”, reza la memoria de la adjudicación.
11.000 servicios de lengua de signos al año
El segundo contrato, tramitado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, busca renovar el servicio de intérpretes de lengua de signos que se lleva prestando desde el año 2000 para que personas con discapacidad auditiva puedan tener una relación normal con la Administración y realizar trámites laborales, médicos y financieros, por poner unos ejemplos. El nuevo contrato estará vigente desde 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2027. La Comunidad está dispuesta a pagar 901.450 euros. Desde el año 2022 se viene realizando más de 10.000 servicios anuales.
¿Quién tiene derecho a solicitarlo? “Las personas sordas o con discapacidad auditiva, mayores de 18 años y residentes en la Comunidad de Madrid, cuyo medio de comunicación habitual sea la lengua de signos española y dominen suficientemente este lenguaje para hacerse entender”. Cada servicio se realizará por un solo intérprete, en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, durante un espacio de tiempo no superior a 45 minutos, excluidos los desplazamientos, sin perjuicio de que el intérprete, atendiendo a las circunstancias especiales de la prestación del mismo, pueda superar el mencionado periodo de tiempo. “En ningún caso estos servicios tendrán el carácter de defensa, consejo u orientación, sino que se limitarán a la mera transmisión en lenguaje de signos y oral de la comunicación que se establezca entre la persona sorda y el oyente”, reza el pliego de condiciones.
El servicio se puede solicitar, por ejemplo, para que un ciudadano con problemas de audición, pueda ser atendido por un médico. El horario de prestación es de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 22.00 horas; sábados, entre las 09:00 y las 20:00; y domingos, entre las 09:00 y las 14:00. En principio, este contrato ha sido adjudicado a la Fundación SAMU.
