Desde el 2021 la muerte asistida está despenalizada en España. Gracias a la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que se aprobó por mayoría en el Congreso de los Diputados la eutanasia está regularizada. Entre los requisitos principales están, el sufrir una enfermedad grave e incurable y prestar consentimiento previo.
Sin embargo, aunque el proceso para conseguir una muerte digna se ha conseguido agilizar, todavía quedan algunas trabas y así se constata con el juicio que comienza este martes en el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona. Por primera vez en España, un juzgado va a decidir sobre avalar o no la eutanasia de una joven de 24 años, en un litigio que enfrenta al padre de la chica, asesorado por el despacho ultracatólico Abogados Cristianos, y la Generalitat de Catalunya.
El origen del conflicto
El caso tiene su origen en el verano de 2024. El pasado 2 de agosto estaba prevista la eutanasia de la joven, pero la jueza accedió a paralizarla ‘in extremis’ a raíz del recurso planteado por el padre, para evitar, según él, un perjuicio “irreparable”.
El padre ya había intentado, sin éxito, impedir la muerte asistida de su hija a través de una denuncia presentada ante el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que la archivó después de que una forense concluyera que conserva sus capacidades cognoscitivas y volitivas.
Sin embargo, el tema se remonta hasta dos años antes, cuando a la joven se le diagnosticó una paraplejia fruto de un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía, según informa EFE. Desde entonces ha sido objeto de seguimiento por parte de una docena de médicos, incluidos neurólogos, psicólogos y psiquiatras.
Los expertos concluyeron que sus secuelas son “permanentes e irreversibles”, por lo que inició los trámites para pedir la muerte asistida en abril de 2024, alegando un “sufrimiento constante”.
Debido a los trastornos mentales que sufre la joven, se siguió un criterio de “prudencia reforzado” antes de autorizar la eutanasia y el caso se elevó al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación para que lo discutieran sus 19 miembros, que se la concedieron por unanimidad.
La Comisión que autorizó la eutanasia estimó que la mujer cumple los requisitos que establece la Ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, reiteradamente expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora o curación y, además, documentado por distintos médicos a lo largo de casi dos años.
Única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna
Esta es la razón por la que la Generalitat entra en el litigio, para defender la decisión tomada por esta Comisión. Esta parte mantiene que la joven es la única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna, que entronca a su vez con los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad que fundamentan la ley de eutanasia.
El dictamen de la Comisión de la Generalitat que avaló la eutanasia descartó que la chica tuviera mermada su capacidad de decisión, mientras los informes médicos apuntan a que desde hace dos años presenta estabilidad psicopatológica.
“Las enfermedades mentales graves pueden nublar el juicio”
Sin embargo, el padre (y Abogados Cristianos) discrepan. Según esta organización, “los trastornos mentales, que incluyen ideación suicida, ideas paranoides y trastorno bipolar, que sufre , pueden afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente sobre la eutanasia”, explican, por lo que “las enfermedades mentales graves pueden nublar el juicio y la capacidad de valorar adecuadamente las opciones disponibles”.
“Como puede comprobarse, el estado no es el idóneo para tomar decisiones tan drásticas como su propia muerte, por lo que debe ser rechazada o aportarse informe psiquiátrico sobre su capacidad para el otorgamiento de esta decisión”, añaden.
En el escrito, defienden que “el Estado tiene la obligación de proporcionar a la chica todos los tratamientos y apoyos necesarios para mejorar su salud mental y aliviar su sufrimiento, pero en este caso, lo que está sucediendo es que a una persona de 23 años que ha sufrido intentos de suicidio en y que padece trastornos severos, se le fuerza a recurrir a la eutanasia sin cumplir los requisitos legales para ello y sobrepasando en mucho la ratio legis de tal norma”.
Una decena de testigos
En esta sesión del juicio van a pasar ante la jueza una decena de testigos, casi todos médicos de distintas especialidades que han tratado a la joven los últimos años, además de forenses.
La propia chica tendrá que ser interrogada, como pidió la Fiscalía en contra del criterio de la Generalitat. El ministerio público solicitó su declaración y, además, que fuera examinada por dos médicos forenses que acreditaran si está en condiciones de decidir.
Los forenses ya han entregado su dictamen, que ratifica que la joven conserva las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, por lo que la Generalitat de Cataluña volvió a pedir que se la dispensara de declarar para evitar exponerla al proceso judicial.
(Noticia con información de EFE)
