El 29 de octubre de 2024, una Dana arrasó la Comunidad Valenciana, dejando una de las peores catástrofes naturales sufridas en España en las últimas décadas. Una tragedia que ha dejado más de 200 fallecidos y tras la que las zonas afectadas van a tardar años en volver a la normalidad.
Una tragedia que, sin embargo, ha servido como arma política para atacar al contrincante, buscando culpas y excusas de la gestión que se llevó a cabo. Muy lejos quedan ya las declaraciones de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en las que agradecía a Pedro Sánchez “cercanía”, “colaboración” y “coordinación” para hacer frente a los estragos.
Tras ese primer momento de respeto y unidad, el tema de la Dana se ha convertido en una de las puntas de lanza del PP para atacar al Gobierno central, a quien apunta como principal culpable de la falta de respuesta antes y durante las riadas.
“¿Sobre quién pesan las vidas?”
En este sentido, la semana pasada Mazón lanzó unas duras acusaciones al Gobierno central durante su intervención en el pleno de Les Corts Valencianes, llegando a preguntar: “¿Sobre quién pesan las vidas?”
Mazón culpó directamente a la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el propio Gobierno central de no alertar a tiempo de la gravedad de la situación, del estado de los barrancos y de no haber acometido obras o establecido sistemas de alerta que podrían haber salvado vidas.
Sin embargo, la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja tiene una versión muy diferente de lo ocurrido ese día, y así lo ha ido volcando estas semanas en los autos que ha publicado sobre su investigación. “Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”, asegura en uno de sus escritos, en el que pone el foco en el envío del SMS de alerta que aconsejaba evitar desplazamientos, y que describió como “notablemente tardío” y “errado en su contenido”.
Así, la alerta que aconsejaba evitar desplazamientos enviada por la Generalitat ocurrió a las 20:11, cuando las lluvias ya arrasaban con muchas zonas de la comunidad. Esta tardanza es “una constante en las declaraciones de los familiares y testigos”, señala la magistrada. Sobre el contenido “erróneo” del mensaje, la jueza comenta que no era claro ni categórico, pues “muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta de su domicilio, al bajar al garaje o simplemente por encontrarse en la vía pública”.
Las competencias de protección civil
Sin embargo, la principal polémica entre los gobiernos y partidos políticos reside en quién tenía la responsabilidad de alertar a la población y reaccionar. En otro de los autos, en el que responde a una denuncia presentada por Hazte Oír contra la Delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé García, la jueza es más clara y explica que la competencia de protección civil era exclusiva de la Generalitat.
“La cuestión estriba en si la alegada omisión constituye la base de la atribución de los homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave, objeto de la investigación en este procedimiento, a la Delegada del Gobierno. La respuesta ha de ser necesariamente negativa”, explica. Agrega que “el Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil (art. 49. 3. 14ª), sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149 de la Constitución”.
“El Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias, así lo establece la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. A la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el Mando Único de la emergencia, dirigiendo los planes de protección civil”, continúa.
La declaración de emergencia nacional
Otro de los argumentos del Partido Popular para atacar al Ejecutivo Central es culparlo por no haber decretado la emergencia nacional en “la tarde noche del martes 29 de octubre”, para así asumir su parte de responsabilidad en las acciones preventivas y de alerta a la población, según informó el partido en un comunicado emitido en noviembre del año pasado.
“El Gobierno de España no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a realizar”, aseguró el PP, que señaló que el Ejecutivo “dispone de la información y la capacidad con sus medios de seguimiento para valorar la gravedad de los riesgos” en todo el territorio.
Sin embargo, la jueza de Catarroja específica en el mismo auto que “existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional”.
“Al objeto de alertar a la población, no era preciso instar la declaración de emergencia nacional. Se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias. No era preciso trasladar dicha actuación, que se adoptaran medidas de autoprotección, a la administración central a través del Ministerio de Interior”, relata.
Esto se debe a que “la cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, permite conocer la gravedad de la emergencia y acordar lo procedente con la máxima celeridad, uno de los principios por los que se rige la protección civil”. “Una de las medidas procedentes en materia de protección civil es la comunicación a la población de medidas de autoprotección”, zanja.
