La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) informó hace un par de semanas de que un veterinario de Baleares había sido sancionado con 90.000 euros supuestamente por incumplir la normativa que regula la prescripción y venta de medicamentos en las clínicas veterinarias en España. Más tarde, fuentes del Ministerio de Sanidad desmintieron que la multa a la que aludió la CEVE fuese por esa causa, según La Vanguardia, pero la noticia reabrió la polémica sobre las nuevas sanciones establecidas por el Real Decreto 666/2023.
Esta ley, aprobada en julio de 2023, pretende garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios con el fin último de luchar “contra las resistencias antimicrobianas” y reducir “la necesidad de uso de los medicamentos antimicrobianos”, es decir, combatir la resistencia a los antibióticos. De esta manera, una de sus disposiciones prohíbe la venta directa de medicamentos en clínicas veterinarias y restringe el empleo de antibióticos en animales de compañía, pues se exigirá receta veterinaria. Además, desde comienzos de este año, los veterinarios están obligados a registrar e informar al Ministerio de Agricultura sobre cada preinscripción de antibióticos.
Se trata de una normativa que ha generado bastante controversia. Especialmente entre los profesionales de los animales, que han confesado que en ocasiones se ven obligados a iniciar tratamientos que saben que no serán efectivos, ya que solo pueden optar por alternativas más potentes tras justificar su uso mediante cultivos o análisis previos, aunque no siempre hay tiempo para ello.
Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días en Galicia, donde una perra de nueve años murió por una sepsis tras no recibir a tiempo el tratamiento antibiótico adecuado, según afirmó el veterinario responsable. Y es que el decreto impidió que se le administrara un antibiótico más potente sin un cultivo previo que justificara su uso. Para cuando llegaron los resultados del laboratorio, el estado del animal era crítico y no pudo ser salvado.
Y no cumplir con la ley no parece una opción muy viable, teniendo en cuenta que las sanciones por infracción oscilan entre los 60.000 y un millón de euros. Por todo esto, los veterinarios han convocado una manifestación nacional para este 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. Pero no se trata de una acción única.
Ya el pasado 11 de febrero numerosas clínicas hicieron un paro simbólico durante varios minutos de las clínicas veterinarias para protestar por este mismo asunto. Además, la plataforma VetsUnidos convocó el pasado viernes una protesta en las puertas del recinto ferial Ifema coincidiendo con la clausura del congreso Iberzoo Propet de animales de compañía, que llevó el lema “La legislación nos coarta” y la idea de unirse “contra este sinsentido”.
Los farmacéuticos, del lado de la Ley
La semana pasada, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) exigió el cumplimiento de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, que establece que los farmacéuticos son los únicos profesionales habilitados para la adquisición, custodia, conservación y dispensación de todos los medicamentos sujetos a prescripción, tanto de uso humano como veterinario.
Según señala la federación, “La Ley, en sus artículos 3, 38 y otros concordantes establece un régimen de incompatibilidades de tal forma que el prescriptor (veterinario o médico) no pueda asumir a la vez el rol de dispensador y viceversa. Todo ello con el fin de evitar cualquier posible conflicto de interés, salvaguardando la independencia establecida legalmente”. No obstante, los veterinarios aseguran que, para ellos, la venta de estas medicinas no representa un gran negocio, sino que se hace para garantizar la efectividad de los tratamientos.
Otro de los puntos señalados por los profesionales del sector es el desabastecimiento de medicamentos en farmacias. Según la patronal veterinaria, las farmacias no suelen tener en stock una variedad suficiente de medicamentos. En algunos casos, los dueños de los animales tendrían que esperar hasta una semana para conseguir un medicamento en la farmacia, un tiempo que podría decidir la vida y la muerte de la mascota. En contraste, los veterinarios tienen acceso a estos medicamentos en un plazo de 24 horas.
Por ahora, los dueños de mascotas han dejado clara su postura y, a través de redes sociales y recogidas de firmas, exigen que los veterinarios puedan volver a suministrar antibióticos para garantizar la supervivencia de sus animales.
La resistencia a los antibióticos, mata más que los accidentes de tráfico
La resistencia a los antibióticos ya mata 20 veces más que los accidentes de tráfico en España. De hecho, el año pasado, más de 23.000 personas fallecieron en el país a causa de bacterias multirresistentes, y 700.000 en todo el mundo, según los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se cree que en 2050 esta será la primera causa de muerte.
Esta resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad o género, y dificulta enormemente que puedan ser tratadas de su infección, ya que los antibióticos pierden su eficacia. En términos administrativos, este problema se traduce en una mayor estancia en los hospitales, el aumento de los costes médicos y el incremento de la mortalidad.
¿Por qué se produce esto? La función de los antibióticos es matar o evitar que se multipliquen las bacterias que causan infecciones en el organismo. Cuando el tratamiento no logra acabar con estas infecciones, las bacterias mutan en respuesta a estos antibióticos, se vuelven resistentes y siguen multiplicándose y creciendo. Es decir, no es la persona la que se resiste al fármaco, sino las bacterias que le causan la infección.
