El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha ordenado anular el cese de una funcionaria interina que ocupaba el puesto de Médica Evaluadora en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Ourense. La decisión judicial concluye que el cese realizado por la Administración careció de fundamento jurídico y establece que la debe trabajador ser repuesta en su puesto hasta que dicha plaza sea cubierta conforme a los procedimientos legales y reglamentarios establecidos.
La funcionaria interina, quien impugnó su cese mediante una resolución administrativa emitida el 25 de octubre de 2022. En dicho acto administrativo, el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, actuando por delegación del Delegado del Gobierno, notificaba el final de su nombramiento como funcionaria interina según lo dispuesto en el artículo 10.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que regula el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). La demandante argumentó que no se produjo ninguna de las causas legales que justifican su cese, ya que la plaza vacante que ocupaba no fue adjudicada ni cubierta por personal funcionario de carrera tras los procesos selectivos convocados.
Contexto y defensa de la recurrente
La demandante ocupó el puesto citado desde el 25 de mayo de 2009, tras superar un proceso selectivo convocado por el Ministerio de Sanidad. Durante su ejercicio como evaluadora médica, la funcionaria realizaba las tareas propias de inspección sanitaria reguladas por el Real Decreto 1300/1995, relacionadas con incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.
En 2021, en aplicación de las medidas excepcionales para estabilización de empleo público, se convocaron varios procesos selectivos, incluyendo la plaza de la recurrente. No obstante, tras finalizar estas convocatorias y el período de prácticas del personal seleccionado, ningún aspirante fue asignado a desempeñar funciones en la Dirección Provincial del INSS en Ourense, lo que implicaba que la plaza continuaba vacante.
La recurrente defendió que, según el artículo 10.3 del EBEP en la redacción anterior al Real Decreto Ley 14/2021, la causa que habilitó su nombramiento como interina (la existencia de una plaza vacante no cubierta por funcionarios de carrera) permanecía vigente. Por lo tanto, su cese contravenía las disposiciones legales aplicables al momento de su nombramiento y al proceso selectivo que afectaba su puesto.
Argumentos del Tribunal
El TSXG desestimó las alegaciones de la Abogacía del Estado, que sostuvo que el cese procedía por la conclusión de los procesos selectivos asociados a la plaza ocupada por la interina. El Tribunal demostró que, en ausencia de un nombramiento por parte de funcionario personal de carrera para el puesto en cuestión, la situación de necesidad de cobertura de la plaza no había desaparecido. Así, conclusiones que el cese de la demandante era contrario al ordenamiento jurídico.
En su sentencia, el Tribunal subrayó que, para validar un cese al amparo del artículo 10.3 del EBEP, la Administración debe demostrar que la plaza ha sido cubierta de forma definitiva y que no persiste la necesidad que fundamentó el nombramiento interino. Además, afirmó que el cesar automáticamente a un funcionario interino tras un proceso selectivo, pese a que la plaza siga vacante, resulta incompatible con el marco legal vigente en el período que regula el caso.
Consecuencias del fracaso
La sentencia establece la restitución de la funcionaria interna a su puesto de trabajo en las mismas condiciones económicas, profesionales y sociales que tenía antes de su cese. Asimismo, ordena a la Administración abonar los salarios dejados de percibir desde el momento de su cese, descontando cualquier ingreso que la recurrente pudiera haber recibido durante ese tiempo. También incluye el pago de los intereses legales generados.
El Tribunal aclaró que los derechos de la trabajadora deben mantenerse hasta que la plaza sea cubierta “de forma legal y reglamentaria” mediante un procedimiento que respeta las normativas vigentes. De esta forma, se garantiza que la continuidad de la relación de empleo no vulnere los derechos laborales y administrativos de la afectada, protegiéndola contra un uso abusivo de la temporalidad.
Denegación de las demás pretensiones de la demandante
No obstante, otras solicitudes de la recurrente fueron desestimadas. Entre ellas, el reconocimiento de una indemnización compensatoria de 20 o 33 días de salario por año de servicio debido a un alegado abuso de temporalidad. El Tribunal rechazó este reclamo, argumentando que las compensaciones establecidas en el Real Decreto Ley 14/2021 y en la Ley 20/2021 no tienen carácter retroactivo y, por lo tanto, no aplican a procesos selectivos convocados antes de su entrada en vigor.
Asimismo, fue desestimada la petición de que la plaza específica fuese reservada para estabilización según la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021. En esta cuestión, el TSXG concluyó que no competir a los empleados decide qué plazas deben incluirse en ofertas públicas de empleo ni los sistemas de provisión asociados, siendo esta decisión parte integral de la potestad de autoorganización de la Administración Pública.
Con este fallo, el TSXG reitera los criterios jurídicos para garantizar la protección de los derechos de las personas que ocupan puestos interinos en la Administración Pública, ajustándose estrictamente al marco normativo que regula la función pública y la contratación temporal. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
