Cada 15 minutos, una persona en situación de dependencia fallece en España sin haber recibido las prestaciones o servicios que garantiza la Ley de Dependencia. Según los datos recientes publicados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Estatales, en 2023 murieron 40.447 personas en lista de espera, una cifra que duplica los registros de 2022, cuando más de 20.000 dependientes murieron en estas circunstancias.
Actualmente, 292.792 personas permanecen en espera de recibir atención. De acuerdo con el informe de la asociación, el tiempo medio para acceder a los beneficios de la Ley de Dependencia supera los 300 días, muy por encima de los 180 días establecidos en dicha normativa.
En algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía o Canarias, las esperas pueden extenderse hasta un año y medio. Esto ha generado que miles de familias denuncien falta de soluciones claras y la desigualdad en el acceso a los servicios según la región.
Desigualdad territorial y financiación insuficiente
Comunidades como País Vasco, Extremadura y Navarra lideran la inversión por persona potencialmente dependiente, con cifras de 2.848, 2.599 y 2.413 euros anuales, respectivamente. En contraste, Murcia, Canarias y Galicia se sitúan en la cola, con inversiones de 1.504, 1.248 y 1.073 euros al año.
Además, la financiación del sistema de dependencia presenta un desequilibrio significativo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En 2023, la inversión pública total fue de 11.522 millones de euros, de los cuales el 71% provino de las comunidades y el 29% del Estado.
Sin embargo, la asociación ha denunciado que, tras el incremento en la financiación estatal durante el Plan de Choque (2020-2023), algunas autonomías han reducido su aportación, limitando el impacto de los fondos adicionales.
En este contexto, Galicia destaca como la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas en relación con la población dependiente, con solo un 16% frente al 23% de media nacional. Además, durante el último año, Galicia, Castilla y León y Aragón recortaron su gasto en dependencia en 6,4; 34,7 y 3,2 millones de euros, respectivamente.
Un sistema que genera frustración: “una estrategia consciente”
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha calificado la situación como “muy mejorable” y ha criticado la falta de avances en la reducción de tiempos. Según Ramírez, en 2025, el tiempo medio de espera ha aumentado de 324 a 334 días.
Ramírez también ha denunciado que algunas comunidades autónomas han adoptado estrategias para reducir su inversión en dependencia, valorando el sistema como una “dependencia low cost”. Entre ellas, Madrid, donde el 16% de los dependientes solo reciben teleasistencia, un servicio que genera más ingresos para la comunidad que los que realmente se destinan a los beneficiarios, según ha explicado el presidente.
Por su parte, el analista Antón Losada, ha criticado en Cadena Ser la falta de voluntad política para resolver esta crisis. “España es un país con muchísimo dinero, pero parece que no podemos destinar 2.000 millones de euros para resolver este problema”, ha afirmado.
Losada también ha señalado que hasta nueve comunidades autónomas están utilizando las listas de espera como una forma de reducir su gasto social, lo que ha dictaminado como una “estrategia consciente”.
Reforma pendiente: un esfuerzo insuficiente para ampliar el bienestar
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado una reforma inminente de la normativa. Sin embargo, Ramírez ha sido contundente al advertir que cualquier reforma sería inútil sin una financiación adecuada: “Si no hay dinero, dejen de hablar de Dependencia, porque solo va a generar frustración”.
Asimismo, la asociación ha destacado que las administraciones públicas han convertido los derechos subjetivos de la ley en “derechos efímeros y de papel”. Según el presidente, la atención a la dependencia debe ser parte del ciclo natural de la vida.
No obstante, Ramírez ha reconocido que esta ley representa el mayor esfuerzo para ampliar el Estado de Bienestar y que, en 2025, 1,6 millones de personas han disfrutado de este beneficio.
