El gobierno laborista de Keir Starmer lleva meses encendido a los agricultores británicos. El pasado octubre, la ministra de Economía, Rachel Reeves, anunció que impondría un impuesto de sucesiones del 20% a los activos agrícolas heredados con un valor de más de un millón de libras esterlinas (unos 1,2 millones de euros al cambio).
Actualmente, existe un beneficio fiscal llamado Alivio de la Propiedad Agrícola (APR, por sus siglas en inglés) que permite que los agricultores transfieran sus tierras a la siguiente generación con una reducción en la cantidad de impuestos a pagar. También existe un beneficio similar para propiedades comerciales, conocido como Alivio de la Propiedad Comercial (BPR).
Pero a partir del 6 de abril de 2026, se introducirán límites en estas exenciones fiscales. Hasta el primer millón de libras esterlinas en propiedades agrícolas y comerciales combinadas, se podrá seguir aplicando una exención total del 100% sobre el impuesto de sucesiones. Sin embargo, cualquier valor que exceda ese umbral solo recibirá un alivio del 50%, y los herederos deberán pagar un impuesto de sucesiones con una tasa reducida de hasta el 20% (en lugar del 40% habitual). Además, este impuesto podrá abonarse en cuotas durante 10 años sin intereses, en vez de pagarlo inmediatamente.
Pese a ello, el Gobierno anunció que “las reformas a la exención de impuestos a la propiedad agrícola afecten a las 500 fincas más ricas cada año”. Una cifra que cuestionan los sindicatos, que estiman que hasta 70.000 granjas podrían verse afectadas.
Sin embargo, los agricultores del Reino Unido han expresado su preocupación, advirtiendo que las nuevas medidas podrían hacer inviables muchas explotaciones familiares. Ante esto, algunos han decidido suspender actividades comunitarias que realizaban de manera voluntaria, como la limpieza de árboles caídos o la retirada de nieve en carreteras locales.
Simon Orson, un agricultor que cultiva 700 acres (283 hectáreas) en el Valle de Belvoir, en Leicestershire, explicó al medio británico LBC que, a pesar del tamaño de su granja, su ingreso anual ronda las 22.000 libras esterlinas (unos 26.600 euros), lejos de los millones que el gobierno cree que manejan las explotaciones agrícolas. Según Orson, si las reformas del impuesto de sucesiones siguen adelante, su familia se verá obligada a vender parte de su tierra para cubrir los costes fiscales.
“Mi granja ha estado en mi familia durante 300 años”
“Si el gobierno impone este impuesto sobre la herencia, tendría que vender 100 acres (40 hectáreas). Luego vendría el impuesto sobre las ganancias de capital, lo que significaría vender otros 30 acres (12 hectáreas). Antes de que mi hijo haya podido cultivar nada, la granja habrá reducido su tamaño a 570 acres (230), lo que la haría inviable”, explicó. Orson advirtió que la medida puede significar la desaparición de muchas granjas familiares: “Mi granja ha estado en mi familia durante 300 años y da miedo pensar que esto realmente podría ser el fin”.
El anuncio del gobierno en el presupuesto de otoño establece que cualquier terreno agrícola o negocio valorado en más de un millón de libras estará sujeto a un impuesto de sucesiones (IHT) del 20%. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, sostiene que la reforma generará £2.000 millones para financiar servicios públicos y evitará que las tierras agrícolas se utilicen como refugio fiscal.
Sin embargo, los agricultores argumentan que la medida pone en riesgo su sustento y la continuidad de sus explotaciones. Orson subrayó que los agricultores desempeñan muchas funciones en sus comunidades sin recibir compensación alguna: “Hacemos tantas cosas por las que no nos pagan: despejamos carreteras de nieve, retiramos árboles caídos, solucionamos problemas de agua. Lo hacemos por el bien de nuestra comunidad y nuestro país, pero no podremos seguir haciéndolo gratis si no contamos con el apoyo del gobierno”.
Añadió que recientemente limpió un sendero local con la ayuda de varias personas, gastando 500 libras (600 euros) de su propio bolsillo. “No quiero recuperar ese dinero, lo hice por la comunidad, pero a partir de ahora dejaré que el ayuntamiento pague por ello. No puedo seguir gastando mi tiempo y dinero cuando parece que tendré que empezar a ahorrar cada centavo”.
Orson criticó la falta de apoyo del gobierno hacia el sector agrícola: “Hace solo cinco años nos consideraban trabajadores esenciales durante la pandemia. Ahora somos prescindibles” e hizo un llamiento al Tesoro británico para sentarse a hablar. “Presentaremos datos de lo que nuestras explotaciones realmente ganan, porque no se parece en nada a las cifras que manejan”.
Sin embargo, el pasado noviembre el secretario de Medio Ambiente Steve Reed aseguró que invertirán “5.000 millones de libras en agricultura durante los próximos dos años”, lo que supone “la mayor cantidad jamás destinada a la producción sostenible de alimentos, el crecimiento económico rural y la recuperación de la naturaleza en la historia de nuestro país.”
A pesar de estas garantías, los agricultores británicos siguen escépticos y temen que las reformas supongan una amenaza existencial para las explotaciones familiares. En palabras de Orson: “Si esto sigue adelante, muchas granjas desaparecerán. No estamos hablando de grandes empresas, sino de generaciones de familias que han trabajado la tierra”.
