Es muy común entrar a un hotel, un supermercado o incluso un dentista y que suene música. Pero, ¿alguna vez has pensado si por hacerlo hay que pagar derechos de autor? ¿Es siempre obligatorio? El uso de música en negocios como bares, restaurantes o tiendas puede conllevar este pago a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Sin embargo, esta obligación no es universal y depende de si existe una “comunicación al público” de la obra protegida.
La entidad que se encarga de gestionar los derechos de explotación de obras protegidas por propiedad intelectual en España es precisamente la SGAE, una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional del Ministerio del Interior. Su actividad está regulada por el artículo 147 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que establece el marco legal de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo,
Las entidades de gestión como la SGAE no pueden repartir beneficios entre sus socios, aunque sí pueden recibir retribuciones económicas para operar y administrar los derechos de autor.
Según los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor protegen las creaciones artísticas, literarias o científicas desde el momento de su creación. Estos derechos incluyen derechos de carácter personal, que garantizan la vinculación del autor con su obra, y los derechos patrimoniales, que permiten la explotación económica de la obra.
El autor es el principal responsable de proteger sus derechos, aunque puede ceder esta gestión a entidades como la SGAE. Estas organizaciones investigan y controlan el uso no autorizado de las obras protegidas, facilitando su cumplimiento legal.
¿Todos los negocios deben pagar a la SGAE?
El pago de derechos de autor depende del tipo de negocio y del uso que se haga de la música. La clave está en la “comunicación al público”, un concepto definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se recoge en la sentencia del 15 de marzo de 2012.
Según el TJUE, una comunicación al público ocurre cuando la música se reproduce para “número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas”. Esto excluye los usos privados o en espacios con una audiencia reducida, como apuntan los abogados y asesores fiscales Ruiz Ballesteros.
El tribunal estableció criterios para determinar qué negocios deben pagar derechos de autor. Están obligados los hoteles que ofrecen radio o televisión en las habitaciones, ya que esto influye en el precio de la estancia, como recoge la sentencia del TJUE, 15 de marzo de 2012. El tribunal sentenció que un hotel que proporciona acceso a obras protegidas a sus clientes transmite la obra a un “público nuevo”, distinto del originalmente previsto por los autores al autorizar la radiodifusión de la obra. Esta intervención del hotel constituye una explotación de la obra y, por lo tanto, genera la obligación de pagar derechos de autor.
Del mismo modo, el Tribunal de Justicia declaró que la transmisión de obras radiodifundidas en un establecimiento de restauración se hace para atraer clientes y puede repercutir sobre el número de personas que frecuentan dicho establecimiento y, en definitiva, sobre sus resultados económicos.
Sin embargo, hay espacios en los que se está exento de pago. Por ejemplo, la difusión de música en las consultas odontológicas no constituye una “comunicación al público” en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100. “Los pacientes de un dentista acuden a una consulta de odontología con el único objeto de ser atendidos, no siendo inherente a la asistencia odontológica la difusión de fonogramas”, señaló la sentencia.
