El Gobierno se guarda una baza para hacer frente al previsible rechazo de las comunidades autónomas a su plan para asumir 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Las autonomías en manos del PP, 12 de las 15 que forman parte del régimen común, se opondrán este miércoles a la medida en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero el Gobierno obviará este escenario porque entiende que la verdadera foto fija se verá en el Congreso, cuando lleve la quita de la deuda a través de una ley orgánica.
Aunque el origen de la medida se remonta al pacto de investidura de ERC, la propuesta se extiende a todas las autonomías, independientemente de que tengan deuda o no con los mecanismos de financiación extraordinarios del Estado. Según la propuesta del Ministerio de Hacienda –cuya ministra, María Jesús Montero, fue encumbrada el pasado fin de semana al frente del PSOE-A–, Andalucía sería la comunidad que podrá condonar más deuda, con un 22,57% del total, por delante de Cataluña, con el 20,54%.
De aprobarse, el Gobierno asumiría 18.791 millones de deuda de Andalucía, 17.104 de Cataluña, 11.210 de la Comunidad Valenciana y 8.644 de Madrid. Las otras 11 comunidades de régimen común (Navarra y País Vasco no forman parte) se distribuirían el 33% restante del total. De estas, solo Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias (gobernadas por los socialistas) han dado su visto bueno, mientras que las restantes, en manos populares, han declinado la oferta de Hacienda al entender que “blanquea” un pacto con los independentistas catalanes, a pesar de salir también beneficiadas.
Pese a las quejas, en Moncloa no contemplan la opción de que los populares rechacen la condonación de la deuda autonómica cuando la iniciativa llegue a la Cámara Baja: “Quiero ver al PP en el Congreso, cuando su voto cuente”, apostilla un ministro del ala socialista del Gobierno. En este sentido, el Ejecutivo prioriza a los de Alberto Núñez Feijóo para aprobar la futura norma: “Queremos sacarla con el PP”, rematan voces del Ministerio de Hacienda.
Quejas en el bloque de la investidura
Más allá del primer partido de la oposición, el Ejecutivo cree que las formaciones del bloque de la investidura no tienen margen para oponerse. “No tendría ningún sentido que ningún partido político dijera que no”, señaló este martes en los pasillos del Senado María Jesús Montero. Pero la realidad es que su propuesta ya ha sido contestada por varios partidos políticos, como Compromís y la Chunta Aragonesista, del grupo Sumar (socio minoritario del PSOE en el Gobierno).
“No vamos a permitir que los valencianos no tengamos en nuestras circunstancias (tras la DANA) una excepcionalidad que tenga que ver con que se condone la deuda por infrafinanciación”, afeó la diputada de Compromís, Àgueda Micó. Frente a estas críticas, Montero aseguró que la Comunidad Valenciana “está en el top de la tabla de deuda condonada por habitante”.
También, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, sostuvo que la propuesta de Hacienda “es buena, pero es insuficiente” porque algunas comunidades tienen una deuda “tan abultada que esta quita no les va a permitir acudir a los mercados”. En esencia, los de Yolanda Díaz vuelven a aprovechar la coyuntura para reclamar una reforma del sistema de financiación, pero la parte socialista defiende que esta medida es un paso previo, una suerte de “flotador” para aquellas comunidades que necesitan liquidez y rebajar su deuda para salir al mercado a pedir crédito, como resumen en Moncloa.
Por otro lado, Junts afeó que la condonación generalizada de la deuda “consolida el café para todos”. “No es nuestra opción”, resumió la portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales. Si bien, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda confió en que el partido independentista “tenga en consideración” la parte de la condonación que afecta a Cataluña al ir “en la línea” con lo que Junts “tenía en el horizonte”. Fuentes de la parte socialista del Gobierno atribuyen estas reticencias a su particular guerra con ERC. “No les gusta alabar medidas que impulsa ERC”, añaden estas voces para considerar que los republicanos también evitan aplaudir los logros que Junts arranca de su negociación con el Ejecutivo.
De cara a la tramitación de la norma en el Congreso, el Gobierno es optimista. Por eso, si el plan de sacarla adelante con el PP fracasa, Montero tratará de aunar los apoyos de la mayoría de la investidura, algo complicado, pero no imposible (consiguió salvar su reforma fiscal). En ese caso, de prosperar la nueva normativa, Hacienda augura que las comunidades del PP se verán obligadas a aceptar la medida al verse en un callejón sin salida: tendrán que solicitar la aplicación de la condonación de la deuda una vez esté en vigor el mecanismo. “Si la ley sale adelante, no habrá ningún territorio que deje de aplicarla”, vaticinó Montero.
